A los diputados de los diferentes grupos parlamentarios no les quita el sueño que funcione una comisión internacional que investigue la impunidad y actos de corrupción. No obstante, prefieren que se fortalezca a las instituciones de justicia como la Fiscalía General de la República (FGR).
El diputado René Portillo Cuadra, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), es del criterio que se ha creado un "alboroto" con el tema de la CICIES un tanto desproporcionado con relación a la propuesta de campaña del presidente Nayib Bukele, cuando lo expuso en el Plan Cuscatlán.
Trajo a cuenta que el gobernante propuso la creación de la comisión internacional bajo la premisa de varias etapas. Una de ellas es que haría un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA). De ser así, explicó Cuadra, la Constitución establece que para celebrar un pacto o tratado de orden internacional con otro organismo o país, se necesita la ratificación de la Asamblea Legislativa, un paso que no se puede obviar.
Además, en ese plan que dio a conocer Bukele, señala que quienes integren la CICIES se convertirán en querellantes adhesivos (es la persona que presenta la querella ante un juez competente), y de acuerdo al Código Procesal Penal para ser parte de esa figura legal, primero se debe esperar el requerimiento fiscal.
Bajo esa lógica, insistió, no se puede evadir la participación de la Asamblea, ni se puede investigar sustituyendo la función de la Fiscalía.
"Pero si estos procedimientos se obviaran y se quiere instalar una CICIES a través de un decreto Ejecutivo, eso no se puede hacer y sería inconstitucional, porque la Constitución dice que los Órganos de Gobierno son indelegables, es decir, que el Ejecutivo no puede arrogarse la función de hacer leyes, ni de administrar justicia, ni de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", razonó el legislador de derecha.
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), José Almendáriz, consideró que por la forma que ha actuado la Fiscalía en estos días, no se necesita una CICIES.
"Hemos visto que casos sonados han sido llevados a los tribunales, pero si todavía existe aquella duda de que la Fiscalía no está actuando bien y como es una promesa de campaña del presidente, estaríamos apoyando la instancia internacional", manifestó.
Pero antes de dar ese paso, agregó, es importante conocer cómo va a funcionar, quiénes la integrarán y cómo dentro de la normativa constitucional operaría la comisión.
Javier Valdez, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue claro al señalar que una institución como la CICIES podría afectar la institucionalidad del país.
Recordó que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador y que dejó más de 75,000 personas fallecidas y miles de desaparecidos, se ha venido construyendo la institucionalidad y creando entidades para atacar la impunidad.
"Creemos que la Fiscalía General de la República es la que debe fortalecerse y mejorar los mecanismos de investigación y persecución del delito", opinó.
En todo caso, los diputados coinciden en que si la CICIES vendrá a apoyar la investigación del delito es necesaria, sobre todo es de importancia el presupuesto para implementar la investigación científica del delito.
El vicepresidente Félix Ulloa, explicó en su oportunidad que la comisión anticorrupción se encargará de investigar a personas que estén implicadas en la malversación de fondos públicos, ya sea que estén dentro del sector público o quienes cometan el delito desde afuera.
En Guatemala se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en diciembre de 2006, luego de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco y con el aval de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. También el Congreso de ese país tuvo que dar su aprobación ese mismo año.
El mandato que se le confirió fue el de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado para el desmantelamiento de esas estructuras y recomendar al Estado la adopción de polticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y los cuerpos ilegales de seguridad.
En Honduras, se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), en enero de 2016 a través de un acuerdo entre la OEA y el gobierno hondureño. Tiene un período de 4 años y un presupuesto de $32 millones.
Cuando comenzó sus operaciones en abril de ese año, ha tenido dificultades, primero porque sus labores han sido entorpecidas por el gobierno de Honduras para asignarle un espacio, como por la misma OEA, que no les otorgó a los empleados contratos de más de seis meses.
