CRISTOSAL, presentó a la Asamblea Legislativa, una propuesta financiera para que sea estudiada por la Comisión de Legislación, que tiene en sus manos el estudio del proyecto de ley de desplazamiento forzado por la violencia.
Dicha normativa, debía de haber estado aprobada en enero de este año, por mandato de la Sala de lo Constitucional, que en el 2017 admitió un amparo presentado por una familia que había sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. El Palacio Legislativo por tanto, ha caído en desacato.
Abraham Ábrego, coordinador de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, recordó que una de las preocupaciones expresadas por los diputados que ya han adelantado el estudio de la propuesta de ley, es sobre el financiamiento de la misma; y a efecto de aportar ideas, proponen que se aumente el Impuesto ad valorem a las armas de fuego, municiones y artículos similares al 100% sobre el precio fijado en la operación de venta.
Tomando en cuenta que en estos momentos se está discutiendo el Presupuesto General de la Nación 2020, uno de los aspectos señalados en la sentencia de la Sala, fue la creación de rubros específicos en el mismo para la protección de víctimas.
Ábrego estima conveniente que se establezca un calendario de trabajo en la comisión que permita agilizar la aprobación de la normativa. Además, piden que se de ingreso al expediente del documento de análisis de factibilidad presupuestaria, la propuesta que plantean y sea considerada para su discusión.
También solicitan audiencia en la comisión para presentar formalmente la propuesta de financiamiento.
Celia Medrano, directora Regional de Programas de CRISTOSAL, manifestó que hay preocupación porque el proyecto de Presupuesto General, se están reduciendo los fondos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) para atención de víctimas.
Actualmente, el Estado destina pocos recursos para atender a la población afectada por el desplazamiento forzado. Ejemplo de ello es que a pesar que el fallo de la Sala fue en julio de 2018 y ordenaba se diera prioridad a la asignación de recursos en el presupuesto 2019, no se incluyó una partida específica para cumplir el mandato de la Sentencia.
Por si fuera poco, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, se tiene la línea de trabajo “Atención a Víctimas y Equidad de Género”, bajo la unidad presupuestaria “justicia e iniciativas legislativas”, que han manejado un presupuesto anual promedio de$269,300 en los últimos cinco años; y esa cantidad es la que contiene el proyecto de plan de gastos 2020.
Por eso se insiste en proponer aumentar el impuesto ad valorem a las armas de fuego, excluyendo de dicho precio el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Destinar la totalidad de la recaudación den dicho impuesto al financiamiento de la operatividad de la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral a las Víctimas de Violencia en condición de Desplazamiento Forzado.
Actualmente dicho impuesto es del 30%, alícuota que puede calificarse como baja si se toma en cuenta que el impuesto no es regresivo y los bienes que grava se caracterizan por tener una demanda inelástica. Ante ello, aumentar la tasa no tendría repercusiones en la equidad ni en la demanda.
El estudio plantea un presupuesto total para el primer año de implementación de la ley de $10 millones; para el segundo y los años siguientes, dado que los albergues ya estarían en operación, el presupuesto se reduce a $9 millones.
Celia Medrano dijo que si CRISTOSAL pudo atender en el 2018, 1,700 en condición de desplazamiento forzado por la violencia y que cubre ayuda humanitaria, atención psicosocial y esfuerzo de reubicación bajo el concepto de soluciones duraderas, en el 2020. a través de la Dirección de Atención a Víctimas y de la UTE, se pueden establecer un promedio de 2,000 personas en condición de víctimas de desplazamiento forzado que con el incremento de $7 millones para el otro año, estén destinados a la atención de ayuda humanitaria de manera integral y a la implementación de reubicación.
Hay dos fuentes diferentes sobre la cantidad de víctimas por desplazamiento forzado. Una es la de CRISTOSAL que como ya se dijo en el 2018 atendieron a 1,700 personas; no obstante, en noviembre de 2018 realizaron en conjunto con el Instituto de Opinión Publica de la Universidad Centroamericana José Matías Delgado (IUDOP), una encuesta que dio como resultado que 220,000 personas en ese año tuvieron que cambiar de domicilio por razones de violencia.
El presidente de la Comisión de Legislación, Mario Tenorio, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), señaló que hay una propuesta elaborada por el equipo técnico de la instancia legislativa que propone que se obtengan recursos a través de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Hoy ya se cuenta con la propuesta de CRISTOSAL que sugiere gravar impuesto a la venta de armas de fuego, lo que a juicio de Tenorio es también válida.
El lunes continúan discutiendo el articulado del proyecto de tal forma que solo quede pendiente lo del financiamiento “y si cabe la posibilidad de buscar el financiamiento a través de vía impuesto a las transacciones de armas de fuego pues yo no veo mal y entendemos que es viable”.
El proyecto tiene 40 artículos y según Tenorio, en dos semanas estarían aprobando la Ley de Desplazamiento Forzado por la Violencia.
