El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que creen a una ley que prohíba la minería en El Salvador. De igual forma aplaudió la noticia de que el país ganó el litigio a la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold.
“Como iglesia elevamos la voz una vez más para exigir que la asamblea legislativa prohíba de una vez la minería a cielo abierto y mediante cianuro”, expuso Escobar Alas en la conferencia de este domingo en Catedral Metropolitana.
El pasado 14 de octubre, El Salvador ganó el litigio a la minera Pacific Rim/Oceana Gold, demanda que había sido interpuesta, en 2009, por la empresa en la que solicitaba que el Estado pagara cerca de 250 millones de dólares como indemnización por no permitirle explotar la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas. Por esa razón Escobar Alas señaló que “ese fue un triunfo para todo el pueblo salvadoreño”.
Ambientalistas también han exigido la prohibición de la actividad minera en el país. El abogado y ambientalista, Saúl Baños, instó al poder ejecutivo y legislativo para que trabajen en una ley que prohíba la minería en El Salvador y catalogó la resolución del CIADI como una oportunidad para que el Estado salvadoreño “reaccione y decida a favor del medio ambiente”.
La resolución emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) señala que la empresa minera deberá pagar al Estado salvadoreño ocho millones de dólares.
Fue en 2002 que la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, pero ya no recibió la autorización para realizar la explotación. Ya en 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim/Oceana Gold no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí pudo continuar porque la empresa minera se amparó en el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
El Laudo establece que Pacific Rim fue incapaz de refutar la evidencia presentada por El Salvador, y no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería que exige la legislación salvadoreña.
