El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) abrió un proceso sancionatorio contra el presidente de la República, Nayib Bukele, por no desclasificar la información relacionada con el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
La medida obedece a una apelación interpuesta por ciudadanos en IAIP, a quienes se les denegó la entrega de esta información en noviembre.
Por lo tanto, Presidencia debería de haber revelados los acuerdos de movimiento de personal del Organismo (nombramientos, licencias, etc.), así como su respectivo currículum vitae con sus atestados.
Otro de punto que deberá de modificar, es quitarle la reserva a la estructura organizativa y debe indicar la relación de jerarquía entre cada una de las unidades.
"Por cada persona indicar cargo que ocupa, el salario que devenga y la unidad a la que está asignada", indicó la institución.
Además, el Instituto le recomendó al OIE que se indique al menos el monto que está designado al pago de remuneraciones, de bienes y servicios y la adquisición de equipo.
La única información que se decidió mantenerse como reservada fue la relacionada con la función y objetivo principal de cada unidad y las atribuciones facultades que corresponden a cada una de ellas.
Ante esto el presidente, reaccionó y advirtió que el OIE es una “CIA o Inteligencia de Israel solo que en chiquitito” y “nadie va a revelar sus datos de inteligencia por más que la IAIP lo diga”.
“Tiene una ley muy clara con los informes de la Inteligencia del Estado, por eso nosotros incluso lo separamos de la famosa partida secreta donde los presidentes se robaban el dinero”, expresó Bukele anteriormente.
Agregó que: “Si hay información que se puede dar y eso lo está revisando nuestro equipo legal”.
Sin embargo, Presidencia habría apelado esa decisión ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pero al no tener comunicación oficial de parte de esa entidad de justicia, el Ejecutivo caería en desacato de la resolución del IAIP.
Esto a juicio del IAIP, es una “falta grave” por no entregar lo solicitado por los demandantes, que no pone en riego la operatividad del Organismo.
La comisión de faltas graves conlleva una multa de entre 20 a 40 salarios mínimos, es decir entre $6,000 a $12,000.
