Por Alonso Rosales
Honduras vuelve a las urnas el 30 de noviembre en un momento decisivo. El nuevo presidente que asuma en enero de 2026 no solo recibirá un país golpeado por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, sino también una ciudadanía cansada de promesas que no se cumplen y de un sistema político que parece repetirse en ciclos interminables.
Más del 60% de los hondureños vive en condiciones de pobreza y la informalidad laboral abarca al 74% de la población. Mientras tanto, la economía depende de las remesas —que ya representan el 27% del PIB— más que de su propia capacidad productiva. Honduras crece, sí, pero no lo suficiente: el Banco Central estima un 3,5% para este año, cuando el país necesita más del 6% para empezar a ver cambios reales.
A esto se suma una deuda pública que supera los 18.000 millones de dólares y que limita los recursos para programas sociales, infraestructura y desarrollo. La inequidad sigue siendo brutal: los hogares más ricos ganan 101 veces más que los más pobres. No hay país que se sostenga con brechas tan extremas.
En seguridad, el panorama es complejo. Aunque las cifras de homicidios han bajado a niveles históricamente bajos —21 por cada 100.000 habitantes, según proyecciones oficiales— Honduras continúa siendo el país más violento de la región. La política de seguridad basada en el estado de emergencia, prorrogado más de veinte veces y sostenido por un despliegue militar permanente, evidencia la debilidad del Estado para garantizar orden sin depender de las Fuerzas Armadas. Organismos internacionales han señalado abusos, detenciones sin orden judicial y una preocupante erosión de garantías constitucionales.
A este escenario se suma el desgaste moral. Honduras ocupa el puesto 154 de 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. El 88% de la población exige la instalación de una CICIH independiente, mientras el Gobierno saliente no logró concretarla, en medio de escándalos que alcanzaron incluso al círculo cercano de la presidencia.
Ante esta realidad, los hondureños escuchan propuestas muy distintas:
- Rixi Moncada apuesta por un Estado fuerte, políticas industriales y créditos blandos.
- Salvador Nasralla ofrece reducción de burocracia, atracción de inversión y apoyo al pequeño empresario.
- Nasri Asfura promete estabilidad fiscal, impulso al agro y proyectos de impacto inmediato.
Tres caminos diferentes, pero un mismo país urgido de resultados, transparencia y liderazgo real.
Por eso, votar no puede ser un acto emocional ni un salto al vacío. Honduras ya pagó muy caro las decisiones tomadas desde la ilusión o desde el enojo. Hoy, más que nunca, el país necesita que sus ciudadanos analicen, comparen y desconfíen de las promesas fáciles, porque las promesas no pagan la luz, no generan empleo, no reducen la violencia ni frenan la corrupción.
El voto debe ser meditado.
Debe ser responsable.
Debe ser por Honduras, no por banderas.
Las elecciones del 30 de noviembre no solo decidirán quién gobernará. Decidirán si el país continúa en un ciclo desgastante o si por fin comienza a construir un futuro más digno, más justo y más seguro.
