Por Carlos Santos
El 22 de agosto de 1980, agentes de la Guardia Nacional capturaron a Héctor Bernabé Recinos, trabajador vinculado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y miembro del Sindicato de Trabajadores de la CEL (STECEL) acusado de promover una huelga y provocar un corte de energía eléctrica en la subestación de Soyapango. Aquella detención marcaría el comienzo de una larga historia de torturas, encarcelamiento, persecución familiar y desaparición forzada. Su esposa y una hija de apenas trece años fueron capturadas dos años después. Nunca volvió a saber de ellas. Su nombre terminaría registrado en el denominado Libro Amarillo de la inteligencia militar salvadoreña, bajo el código R32.
La captura: agosto de 1980
A finales de los años 80, el país se encontraba en llamas, la guerra era inevitable. La represión contra dirigentes sindicales, trabajadores organizados, estudiantes y personas sospechosas de simpatizar con movimientos de izquierda se había convertido en una práctica recurrente de los cuerpos de seguridad del Estado, que, amparados como escuadrones de la muerte, asesinaban o desaparecían.
En ese escenario, el 22 de agosto, Héctor Bernabé Recinos fue detenido por agentes de la Guardia Nacional. Se le atribuía la responsabilidad de haber promovido una huelga y ocasionado una interrupción del suministro eléctrico en la subestación de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ubicada en Soyapango.
La acusación, según el testimonio de Héctor Recinos, fue suficiente para convertirlo en prisionero de uno de los cuerpos de seguridad más temidos de aquella época.
En el operativo fueron capturadas inicialmente once personas. Otras detenciones se realizaron en distintos puntos del país, entre ellos Ahuachapán y Acajutla, hasta completar un grupo de diecisiete detenidos.
Los trasladaron al cuartel de la Guardia Nacional. Una vez dentro, los separaron.
A partir de ese momento comenzó para Recinos una experiencia de aislamiento, interrogatorios y violencia que se prolongaría durante años.
Las torturas en la Guardia Nacional
En las instalaciones de la Guardia Nacional, Héctor Recinos fue sometido a interrogatorios acompañados de torturas y amenazas de muerte.
Durante los primeros tres días de cautiverio, todos los detenidos permanecieron sin recibir agua ni alimentos, se los deprivó del sueño. El hambre y la sed se sumaron al miedo provocado por las amenazas constantes de asesinarlos de parte de los captores.
Al final no únicamente se trataba de obtener información. Según el relato de Recinos, las agresiones físicas, la privación de alimentos, sueño y la intimidación de asesinarlos formaban parte de las condiciones de detención.
Después de tres días, los guardias les entregaron una tortilla a cada prisionero. Aquella tortilla, insuficiente para aliviar el hambre acumulada, quedó grabada en la memoria de todos los prisioneros como símbolo de las vejaciones y la dignidad de enfrentar a los verdugos.
Los días, los interrogatorios acompañados de las torturas continuaron. Los detenidos permanecían separados entre ellos, sometidos a la incertidumbre de no saber cuándo terminaría su encierro, ni cuál sería su destino.
Quince días después de la captura, miembros de la Cruz Roja Salvadoreña llegaron a las instalaciones de la Guardia Nacional con la intención de intervenir en favor de los prisioneros.
La gestión no produjo los resultados esperados, el gobierno se negó liberarlos. Recinos continuó recluido en el cuartel hasta completar setenta días de confinamiento. Durante ese período, según su testimonio, padeció golpes, amenazas y condiciones de detención degradantes.
En octubre de 1980 fue trasladado al centro penal de Santa Tecla junto con otros sindicalistas.
La prisión como prolongación de la represión
Para enero de 1981, Recinos continuaba privado de libertad en el penal de Santa Tecla.
El 19 de ese mes, efectivos de la Policía Nacional realizaron una incursión en el establecimiento penitenciario. Durante el operativo lanzaron gases lacrimógenos contra los internos y establecieron un régimen de incomunicación que, según su relato, se prolongó durante veinte días.
La cárcel, que debía funcionar como un espacio bajo control de las autoridades penitenciarias, se convirtió también en escenario de intervenciones violentas de los cuerpos de seguridad.
Ese mismo año, Recinos fue trasladado al Centro Penal de San Luis Mariona, una de las cárceles más conocidas del país.
En marzo de 1982, en el contexto de las elecciones para la Asamblea legislativas, se produjo otro episodio de violencia que Recinos nos relató: miembros de la Guardia Nacional ingresaron al penal y agredieron a los prisioneros. Recinos relató que los separaron y obligaron a permanecer boca abajo, saltando sobre las espaldas de todos los prisioneros, además de recibir culatazos con los rifles. Después lo condujeron a una celda del segundo nivel de la cárcel.
El lugar se convirtió en una nueva sala de interrogatorio. A Muchos prisioneros los golpearon, le colocaron una capucha en la cara y amenazándolos de muerte.
En el caso de Héctor Bernabé Recinos, y de varios prisioneros esas amenazas también alcanzaron a sus familiares, que permanecía fuera de la prisión.
La violencia no terminó cuando concluyó el interrogatorio. Al bajarlo de la celda, los agentes comenzaron a golpearle la cabeza contra una pared. Mientras recibía los golpes, uno de los guardias filmaba la agresión.
La presencia de una cámara durante la golpiza constituye uno de los detalles más perturbadores de su testimonio. La violencia, lejos de permanecer oculta ante quienes la ejecutaban, era registrada por uno de los propios agentes.
No se conoce, el destino de aquella filmación, se especula que fue parte de videos producidos por agentes de seguridad para identificar a los que ellos consideraban sus enemigos.
Agosto de 1982: la desaparición de María Adela y Ana Yanira
Mientras Héctor Bernabé Recinos permanecía encarcelado, la represión alcanzó directamente a su familia.
El 20 de agosto de 1982, casi dos años después de su captura, su esposa, María Adela García, y su hija Ana Yanira Recinos García, de apenas trece años, fueron detenidas durante un operativo atribuido a la Policía Nacional.
En la captura participaron hombres vestidos de civil y agentes uniformados.
Madre e hija fueron llevadas por sus captores y, desde entonces, desaparecieron.
No se volvió a conocer su paradero.
La desaparición de María Adela y Ana Yanira transformó radicalmente la tragedia de Recinos. Ya no se trataba solamente de sobrevivir a la prisión y a las torturas. Desde su encierro debía enfrentar la incertidumbre sobre el destino de su esposa y de una niña de trece años.
¿Adónde las llevaron? ¿Quién ordenó sus capturas? ¿Permanecieron detenidas en alguna instalación policial o militar? ¿Qué ocurrió después?
Todas esas preguntas han quedado sin respuesta. La ausencia de información sobre ambas mujeres constituye el centro más doloroso de esta historia.
En el contexto del conflicto armado salvadoreño, la desaparición forzada fue utilizada como mecanismo de persecución y terror. Las víctimas eran detenidas por agentes estatales o por estructuras vinculadas a ellos, mientras sus familiares quedaban privados de información sobre su suerte.
Para Recinos, aquella práctica tuvo dos nombres propios: María Adela García y Ana Yanira Recinos García.
Una esposa y una hija que desaparecieron mientras él permanecía encarcelado.
Tres niños perseguidos y una familia dispersa
La captura de María Adela y Ana Yanira dejó a los otros tres hijos de la familia sin el cuidado de sus padres.
Alex, de once años; Jaime, de catorce; y Luis, de apenas cinco, quedaron inicialmente bajo la protección de una vecina, que al ver el operativo militar les pidió a los niños que se refugiaran en su casa.
La mujer los acogió después de la desaparición de su madre y su hermana. Posteriormente, otra familia se hizo cargo de ellos y procuró mantenerlos a salvo. A veces la familia no tenía suficiente comida para todos, tampoco podían llevar una vida normal, la escuela no era alternativa para aquellos tres niños.
Los cuerpos de seguridad también los perseguían, porque era la manera de destruir al sindicalista que había demostrado dignidad y una inquebrantable convicción de luchar en contra del régimen injusto aun desde la cárcel. Según el testimonio de Recinos, los niños continuaron siendo objeto de hostigamiento, una situación que llevó a su abuelo paterno, Juan Isidro Recinos, a tomar una decisión desesperada: sacarlos de El Salvador.
Guatemala se convirtió en el destino elegido para alejarlos del peligro.
La historia de aquellos tres niños revela otra dimensión de la violencia política salvadoreña: la desintegración de familias enteras, obligadas a separarse para intentar sobrevivir.
El padre estaba preso. La madre y una hermana habían desaparecido. Los tres hermanos restantes debían buscar protección fuera de su propio país, exiliados a la fuerza.
La persecución había dejado de limitarse a un detenido y se había extendido a su núcleo familiar.
La visita de los representantes gubernamentales
Tiempo después, mientras Recinos continuaba recluido en el penal de Mariona, recibió una visita inesperada.
Un representante gubernamental de derechos humanos llegó al establecimiento penitenciario acompañado por otra persona.
Ambos buscaban que el prisionero firmara un poder mediante el cual autorizara la salida de sus hijos hacia Estados Unidos, donde, según le manifestaron, recibirían protección gubernamental.
Recinos desconocía las circunstancias que habían motivado aquella gestión.
No comprendía por qué las autoridades necesitaban su autorización ni qué había sucedido con los niños.
Posteriormente supo que sus hijos habían sido capturados en la frontera con Estados Unidos.
El documento que le presentaron pretendía facilitar su traslado y protección, pero Recinos se negó a firmarlo.
Su testimonio no precisa qué ocurrió inmediatamente después con los menores ni cuáles fueron las gestiones oficiales realizadas en torno a su situación migratoria.
Lo que sí revela es la extrema vulnerabilidad de los tres hermanos: habían salido de El Salvador huyendo de la persecución y terminaron bajo custodia en una frontera extranjera, mientras su padre seguía privado de libertad.
Octubre de 1984: la libertad que no devolvió a su familia
En octubre de 1984, después de más de cuatro años de encarcelamiento, Héctor Bernabé Recinos y los sindicalistas de STECEL recuperaron la libertad.
Habían transcurrido cincuenta meses desde su captura en agosto de 1980.
Durante ese tiempo había pasado por instalaciones de la Guardia Nacional y por los centros penales de Santa Tecla y San Luis Mariona. Habían denunciado golpes, privación de alimentos, amenazas de muerte, interrogatorios violentos y agresiones cometidas incluso dentro de las cárceles.
Pero la libertad llegó acompañada de una pérdida irreparable, la esposa María Adela García y su hija Ana Yanira Recinos García hasta la fecha continúan desaparecidas.
Sus otros tres hijos habían tenido que abandonar el país. Después de salir de prisión, Recinos fue enviado a Holanda, donde comenzaría otra etapa de su vida, marcada por el destierro y las consecuencias de la persecución sufrida, finalmente cuando sus hijos estuvieron seguros regresó a El Salvador a continuar su trabajo en pro de la justicia.
R32: un nombre en el Libro Amarillo
El nombre de Héctor Bernabé Recinos aparece asociado al código R32 en el denominado Libro Amarillo, un documento de inteligencia militar salvadoreña que reunió información sobre personas consideradas sospechosas o vinculadas a organizaciones políticas, sindicales y sociales durante los años de la represión.
El documento constituye una fuente histórica para estudiar las prácticas de vigilancia, identificación y seguimiento de personas por parte de estructuras de inteligencia del Estado salvadoreño.
En el caso de Recinos, el registro adquiere una dimensión particular al contrastarse con su testimonio de detención, tortura, encarcelamiento y persecución familiar.
La historia de Recinos permite observar cómo una acusación relacionada con un conflicto laboral terminó, según su relato, en una cadena de acontecimientos que destruyó la estabilidad de una familia.
Cuarenta y seis años después de aquella captura del 22 de agosto de 1980, el testimonio de Héctor Bernabé Recinos conserva su importancia como denuncia de graves violaciones a los derechos humanos.
Su historia no puede reducirse a una cifra dentro de las estadísticas de la guerra civil ni a un código de un archivo de inteligencia.
Detrás de la identificación R32 aparece un hombre que sobrevivió a cuatro años de prisión, una mujer detenida cuyo paradero quedó sin esclarecer, una adolescente de trece años arrancada de su familia y tres niños obligados a buscar refugio lejos de El Salvador.
La historia de María Adela García y Ana Yanira Recinos García permanece abierta mientras no se esclarezca qué ocurrió con ellas.
La recuperación de estos testimonios no sustituye la investigación judicial ni determina, por sí sola, la responsabilidad penal de quienes participaron en aquellos crímenes. Sin embargo, constituye un ejercicio indispensable de memoria histórica: rescatar del silencio las voces de las víctimas, preservar los hechos denunciados y mantener abiertas las preguntas que, décadas después, el Estado salvadoreño continúa sin responder.
Porque la memoria histórica no se limita a recordar a quienes sobrevivieron al horror. También implica devolverles el nombre, el rostro y la dignidad a quienes fueron arrancados de sus hogares, reconstruir las circunstancias de su desaparición y enfrentar las estructuras de poder que hicieron posible la impunidad.
En la historia de Héctor Bernabé Recinos, la desaparición de su esposa y de su hija permanece como una herida abierta, una ausencia que atraviesa su memoria personal y se inscribe en la memoria colectiva de El Salvador. Sus nombres no deberían quedar sepultados bajo el silencio de los años, ni su destino condenado al olvido.
Porque mientras no se conozca la verdad sobre lo ocurrido con ellas, su desaparición seguirá siendo mucho más que una tragedia familiar: será una deuda histórica que el Estado salvadoreño mantiene con las víctimas, una deuda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que el paso del tiempo no puede borrar ni el silencio institucional absolver.
