Estas semanas serán las decisivas para preparar el plan de gastos nacional que sostendrá las operaciones del Gobierno el próximo año. Por ahora, desde el Ministerio de Hacienda (MH) calculan que habrá una inversión pública estimada en US$800 millones y una privada que calculan en US$600 millones, con la expectativa que llegue a ser más.
En septiembre debe presentarse el anteproyecto de ley para el presupuesto general. De acuerdo a Fuentes, titular del MH, el monto que esperan presentar será menor al de 2019, porque ya no están programados pagos por vencimiento de bonos. En diciembre 2019, por ejemplo, está previsto cancelar el vencimiento de US$800 millones, correspondientes a un paquete anterior de bonos (2009).
El ministro no detalló qué proyectos se espera desarrollar con ese monto de inversión pública. De acuerdo al portal de Transparencia Fiscal, la inversión pública de este año va por US$783 millones.
En cuanto al aporte del sector privado, Fuentes recordó que hay proyectos cuyos desarrolladores ya completaron el proceso administrativo. En conjunto, son US$4,500 millones; pero de ese total, Hacienda calcula que son US$600 millones los que se pondrán en ejecución primero.
La partida de gastos reservados, que ha servido para malversación en las gestiones de Antonio Saca (2004-2009, preso) y Mauricio Funes (2009-2014, prófugo), tendrá que pasar por una auditoría más detallada. Este mecanismo sirve para operaciones de inteligencia del Gobierno, pero los funcionarios se aprovecharon y sustrajeron millones de dólares en fondos públicos para actos de corrupción.
El presidente Nayib Bukele se comprometió a eliminar la partida secreta durante su campaña, pero esta sección del presupuesto ya fue expulsada del ordenamiento jurídico en 2010 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya no se puede ocupar de la misma manera. De cualquier manera, Fuentes explicó que supuestamente no han discutido el destino de los gastos reservados con Bukele y que la decisión todavía no está tomada.
Los ministros reciben un techo, o límite de fondos asignados, sobre la base del cual tienen que preparar sus actividades del año. Los titulares de cartera han recibido el mensaje de que “el techo es uno”, recalcó Fuentes, durante la entrevista con Canal 33. “Deben verificar qué programas van a determinar los objetivos de esta administración”, dijo Fuentes.
Además, los préstamos de los organismos multilaterales volverán a respaldar programas que son fundamentales, como el de Seguridad Pública. Fuentes prevé que el Banco Centroamericano apruebe los primeros US$91 millones el 4 de septiembre de 2019, que servirán para financiar la segunda fase del Plan Control Territorial. De ahí van a la Asamblea para la primera ronda de votación. No especificó si los incluirán en el plan de este año, o en el 2020. Después solicitarán los otros US$109 millones, que respaldarán la fase tres del referido programa. Estas dos fases, hasta el momento, se han sostenido con otros fondos.
Economistas: país necesita más impuestos, o más inversión
El economista Rafael Lemus advirtió, también en el programa de Canal 33, que el Gobierno necesita ser más contundente en el corto plazo para estimular la inversión.
Lemus agregó que, en 2020, la economía puede alcanzar un punto de inflexión. “No hay nada concreto que esté ocurriendo”, explicó Lemus. “Es necesario hacer rápido esos cambios. Si no hay acciones, eso (expectativas) se va a ir debilitando”¦ O crecemos más, o ajustamos”, manifestó.
El llamado ajuste es reducir el gasto del Gobierno, al mismo tiempo que se aumentan sus ingresos. En ambos casos, hay costos políticos inevitables.
Además, El Salvador tiene una economía con baja productividad que depende del dinero que venga de afuera para compensar sus necesidades de consumo: ya sea las remesas o la inversión. Solo el consumo interno no ha sido suficiente para que el Gobierno reciba todos los recursos que necesita.
César Villalona, en la misma entrevista, señaló además que el país todavía tiene margen para agregar más impuestos a propiedades lujosas, por ejemplo, o impuesto en función del patrimonio. Villalona también se refirió a que la deuda pública está ahogando el plan de gastos, o prespuesto. Como ejemplo, citó que los pagos de intereses por las obligaciones financieras ya están llegando a los US$1,000 millones en el año. Esta cuenta se paga, en buena parte, con más deuda o con fondos propios.
Villalona dijo que hace falta tener presupuestos “más expansivos”, es decir, está a favor de que haya más gasto en sectores sociales.
