domingo, 14 abril 2024

Guatemala anuncia reordenamiento de su sistema penitenciario

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El Gobierno de Guatemala ha planteado la implementación de medidas para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

El Gobierno de Guatemala anunció una reforma de su sistema penintenciario que incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad, la creación de "granjas de rehabilitación" y la implementación del grillete electrónico, para reducir el hacinamiento que en 2019 llegó a 400 por ciento.

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala informó el año pasado que la cifra de privados de libertad cuadruplica la capacidad de la infraestrucutura existente en el país. Guatemala posee 21 centros de detención en los que 25.500 hombres y  mujeres  permanecen recluidos.

El Gobierno de ese país ha planteado construcción de una cárcel para albergar entre 1.500 y 2.000 reclusos para reducir el hacinamiento y generar un reordenamiento en los centros carcelarios del país. También una cárcel de máxima seguridad para albergar a los 200 reos “más peligrosos” del Sistema Penitenciario, totalmente alejados de la población urbana.

El viceministro de seguridad de la nación centroamericana, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, afirmó que "Vamos a principiar con las granjas (de rehabilitación) a donde trasladaremos a las personas que reúnan un perfil para ser rehabilitadas, de manera que tengamos un ordenamiento de los reclusos según su perfil criminal”.

En cuanto al grillete electrónico, la medida se contempla para reos que han cometido delitos menores, personas mayores de 65 años, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades graves o terminales, personas con discapacidad, padres o madres que sean cabeza de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Reseña la agencia HispanTV que la mora judicial en Guatemala ha causado que los niveles de hacinamiento en cárceles y centros de detención alcancen cifras record, según ese medio de comunicación, en el país centroamericano hay 6 jueces por cada 100 mil habitantes, y del total de  población privada de libertad al menos la mitad se encuentra en prisión preventiva o esperando juicio.

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