Ingentes cantidades de gas trascendían hacia el cielo desde una de las válvulas de seguridad de la embotelladora de refrescos La Cascada S.A de C.V. Una “nube blanca y un sonido estruendoso” alertaron a cuerpo de bomberos de El salvador, para tomar medidas preventivas.
Dióxido de Carbono (CO2) era la composición del gas, un producto con diferentes a nivel industrial, que también es empleado como combustible. Y aunque la compañía de refrescos asegura que “no es tóxico ni nocivo para el ser humano no para los animales”, altas concentraciones del gas en la atmósfera incrementan el calentamiento global, y la acidificación en los océanos.
“Lo que se escapaba era sólo bióxido de carbono, de una fuga. En éste caso, nos mantuvimos, como una medida de prevención, en el aspecto de que sólo era que se liberara la presión, y al terminara de fugar, ahí terminaba el problema que se había dado”, indicó el representante del cuerpo de bomberos, teniente Eliú Menéndez.
🧑🚒Teniente Eliú Menéndez, amplía sobre el incidente con fuga de CO2. pic.twitter.com/F3tVRCyv0j
— Bomberos El Salvador (@BomberosSV) December 26, 2021
Las autoridades de seguridad declaran que el incidente noimplicó lesiones ni la pérdida de vidas humanas; y que la pérdida sólo fue material. La empresa secundó esas afirmaciones, añadiendo que “ los dispositivos de seguridad funcionan eficazmente”.
Aunque el representante del cuerpo de bomberos expresó su satisfacción porque el siniestro no reportó la pérdida de vidas humanas, las autoridades de medio ambiente no externaron su desaprobación a la empresa, por la gestión de sus desechos.
COMUNICADO OFICIAL, EMBOTELLADORA LA CASCADA S.A. 📢 pic.twitter.com/gAALvjUx40
— La Cascada S.A. (@lacascada_sv) December 26, 2021
En El Salador, existen regulaciones para el control de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, como la Ley de Medio Ambiente, y sus principios de Política Nacional del Medio Ambiente que establecen sanciones con la indemnización de las afectaciones (art 2, lit. g); hasta la imposición de sanciones económicas por infracciones leves y graves, que llegan hasta los 100 salarios mínimos (art. 89 y 90).
