La Presidencia de la República de El Salvador expresó su rechazo a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que autorizó habilitar los carriles segregados del Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS) para el uso público.
El Ejecutivo asegura que esta medida afectará a los más de 45 mil usuarios diarios del SITRAMSS. Además, aseguran que se trata de un retroceso en la modernización del transporte colectivo “que se caracterizaba por ser seguro, accesible, rápido, amigable con el medio ambiente y que ha mejorado la calidad de vida de las personas”.
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La Sala estableció este lunes una medida cautelar para que a partir del jueves 11 de mayo, los carriles segregados del Sistema Integrado de Transporte (SITRAMSS) puedan ser utilizados sin restricciones en el desplazamiento vehicular por la población.
Esto, según la Presidencia, la medida “pone en peligro la vida de los usuarios del Bulevar del Ejército y perjudica a la población porque generará desorden e inseguridad vial”.
Además, cuestionan los motivos que los magistrados pudieron tener para revocar una medida que ha yabía sido denegada en agosto de 2015 y enero de 2017, “extrañamente los mismos magistrados que hoy lo habilitan lo hacen justo antes de tramitarse su recusación”, reza el comunicado.
Para el Ejecutivo, el dictamen de la Sala se debe a malas interpretaciones del “interés público”, pues aseguran que no se ha dado la debida atención a que quienes usan el transporte colectivo son mayoría por encima de quienes se trasladan en vehículos particulares “que tienen la posibilidad de tomar vías alternas o paralelas a su libre voluntad”, alegan.
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La medida cautelar fue firmada por los cuatro magistrados de la Sala. El magistrado José Óscar Armando Pineda manifestó que concurría con su voto a formar parte de la anterior resolución, excepto en lo relativo a la adopción de la medida cautelar.
En su escrito consideró que la medida cautelar ahora adoptada no es idónea, ya que podrían haberse establecido “otros mecanismos que concilien o aproximen ambos intereses” y que podrían haber incidido en menor medida en los usuarios del sistema de transporte público que utiliza el carril segregado.
Finalmente, el Gobierno puso de ejemplo países como México, Guatemala, Brasil, Colombia y Ecuador donde modelos de transporte similares funcionan en carriles exclusivos. “La decisión de la Sala de lo Constitucional frena un proceso de modernización, dignificación y orden que beneficia a la población más vulnerable”, concluye el comunicado.