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domingo, 09 de mayo del 2021

GOES construirá cárceles de baja peligrosidad

El régimen especial de baja peligrosidad está dirigido a reos comunes sin delitos graves y próximos a cumplir condenas

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El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, confirmó este miércoles que el Gobierno está por lanzar un régimen especial de baja peligrosidad que consistirá en establecer centros temporales de retención para un aproximado de 10 mil reos de mí­nima peligrosidad, y poder así­ descongestionar el hacinamiento carcelario.

“Actualmente tenemos poco más de 33 mil reos en todas las cárceles. La medida consiste en desalojar para empezar a 10 mil privados de libertad que no son de rangos peligrosos para la sociedad, que están en nivel de baja peligrosidad, que tienen condenas de uno a ocho años de prisión.”, dijo el vicemandatario.

Aseguró que el Gobierno construirá en los próximos dí­as tres centros temporales de retención con capacidad para 10 mil privados de libertad en terrenos ubicados en las cercaní­as de los  centros penales “La Esperanza” (Mariona), Izalco y Zacatecoluca.

“Aquí­ vamos a pasar a los privados de libertad por la ví­a de un examen inicial para identificar quiénes ya no representan un peligro inminente para la sociedad y que tienen que entrar a rehabilitación. Lo primero que deben hacer son trabajos públicos; por cada semana que trabajen se ahorran dos semanas de condenas, y comenzarán a ser autosostenibles”, manifestó Ortiz.

El vicepresidente fue contundente al manifestar que en este régimen especial no entrará pandilleros, violadores, ni secuestradores, sino únicamente quienes tengan penas menores o que no son graves.

El funcionario confirmó además la construcción de 250 celdas de estricto aislamiento en todo el sistema carcelario parecidas a las que ya existen en el penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca para la retención de delincuentes “especiales”. “Nos vamos a asegurar que todos aquellos que hayan matado policí­as, soldados, jueces o a aplicadores de la justicia, estén encerrados por muchos años y que solo vean el sol por una rendija. El que toque a un aplicador del sistema público, la va a pagar caro”, sentenció.

Estas medidas a presentarse en los próximos dí­as vendrán a reforzar, según dijo Ortiz, las medidas aplicadas a inicios de abril en el sistema carcelario salvadoreño como parte del combate a la violencia que parece no dar tregua en el paí­s.

Del 1 enero al 5 de abril, la Policí­a Nacional Civil (PNC) reportó un total de 2036 homicidios. En los últimos dí­as algunos casos han generado indignación en la opinión pública como el caso del triple asesinato en contra de Olga Lidia Salinas de Cardona, abogada de profesión, y sus dos hijas menores de edad, Katherin Alejandra Cardona y Olga Sofí­a Cardona, hecho ocurrido el 4 de abril en Santa Tecla.

Y en otro hecho de violencia ocurrido el pasado 5 de abril, Carlos Carrio de 48 años de edad y pastor evangélico, fue asesinado al interior de un bus de la ruta 304  a la altura del kilómetro 30 de la carretera Panamericana en el municipio de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.

La versión de testigos afirma que Carrio iba predicando al interior del autobús cuando sin mediar palabras un pasajero le disparó con arma de fuego causándole la muerte de manera inmediata.

El Gobierno ha dicho que no retrocederá en las medidas aplicadas en contra de la delincuencia, y pide confianza a la población en estas acciones que según afirman, darán resultados paulatinamente.

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