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martes, 11 de mayo del 2021

Gobierno fija precios de alimentos por emergencia de COVID19

El gobierno busca evitar que los comerciantes se aprovechen a incrementar los precios de la canasta básica.

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El gobierno salvadoreño anunció este sábado que ha fijado precios máximos para la venta de frijol, maíz, arroz, leche en polvo y huevos, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de la población durante la emergencia generada por la pandemia del COVID-19, evitando así alzas especulativas en los mercados. 

 El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, aseguró que la decisión se tomó con base a las facultades legales de la institución de fijar precios máximos en los mercados en los casos en que se declare emergencia, como ha ocurrido ante la expansión del referido virus a nivel mundial.

“Esta regulación constituye un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. El objetivo principal es evitar la especulación y también mantener índices adecuados de abastecimiento”, dijo Salazar, agregando que trabajarán junto a la Dirección General de Aduanas para monitorear de cerca las importaciones de productos alimenticios. Para el maíz blanco, la DC fijó un precio máximo por quintal de $17.75, mientras que el precio máximo por libra es de $0.23; el precio máximo fijado para el arroz blanco es de $38.95 por quintal, $0.48 por libra de arroz blanco y $0.53 por libra de arroz precocido. Para el frijol rojo, el precio máximo fijado es de $66.85 por quintal y $0.75 por libra; para el frijol tinto, el precio máximo por libra es de $0.63 y $0.69 para la libra de frijol negro. 

Asimismo, para el frijol y arroz se han fijado precios máximos de distintas presentaciones de diversas marcas. 

En cuanto al huevo, el precio máximo fijado por la DC por unidad es de $0.12. De igual forma, se han fijado precios máximos para las distintas presentaciones de huevos por marca y cantidad, que van desde los $2.15 por 15 unidades hasta $7.50, por 60 unidades. Los precios máximos fijados en la leche entera en polvo son: $3.18 y $3.13 por 350 gramos de las marcas Anchor y Nido, respectivamente; $2.91, $2.88 y $2.52 por 360 gramos de las marcas Australian, Dany y Río Grande, respectivamente; y $2.93 por 350 gramos de la marca Dos Pinos. 

 El frijol, maíz, arroz, la leche en polvo y los huevos representan el 50% de la canasta básica del área urbana y el 37% en el área rural. El presidente de la DC aseguró: “Mantendremos un diálogo constante y periódico con los diferentes comerciantes, distribuidores e importadores dedicados a la comercialización de este tipo de productos”.  

 “En este período de emergencia es clave el poder establecer condiciones que permitan garantizarle a los consumidores, productos que sean accesibles y en un mercado que esté funcionando a partir de un abastecimiento continuo”, expresó Salazar. 

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, señaló que esta decisión fue tomada tras constatar en diversos monitoreos de mercados, hechos por la institución que dirige, que productos como el frijol incrementaron sus precios hasta en un 16% en los últimos días, sin una justificación. 

 “Tuvimos una cosecha récord, tanto de maíz como de frijol, el país está más abastecido que otros años. Inclusive el año pasado había precios más altos en esta época, sin la crisis, pero ahora cuando se comenzó a mencionar la crisis de la pandemia empezaron a subir los precios, debido a la especulación”, detalló el ministro. 

“Nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir la orden de nuestro Presidente Nayib Bukele de garantizar la seguridad alimenticia”, agregó Anliker. 

El presidente de la DC detalló que estos precios máximos estarán vigentes durante todo el periodo que dure la Emergencia Nacional que ha sido declarada por el Presidente Bukele, avalada por la Asamblea Legislativa, por un período de 30 días desde el pasado 14 de marzo, los plazos pueden ser prorrogables. La DC, junto al Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Competencia, se mantendrán vigilantes del cumplimiento de estos precios y evitar especulaciones o acuerdos entre competidores que constituyan abusos al consumidor.  

El incumplimiento de estos precios por parte de los comerciantes constituye una “falta grave”, dijo Salazar, detallando que quienes incumplan podrían ser acreedores de multas hasta por 200 salarios mínimos.

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