El Juzgado Décimo Primero de Paz giró, la noche del martes, orden de captura en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y uno de los miembros de la presunta red de corrupción.
Además de Reyes, es buscada por la justicia Karla Beatriz Recinos Ramírez, quien era colaboradora administrativa de la Asamblea Legislativa.
En cuanto al socio de Reyes, Byron Enrique Larrazábal Arévalo y su hermano Earle René Reyes Morales, el juez no entró a conocer en la audiencia porque no mandaron a ningún abogado que los representara y resolverá su situación jurídica revisando el expediente.
Los otros diez imputados no quedarán detenidos, porque el juzgado les impuso una fianza de $20,000 a cada uno para que puedan estar en libertad. Además, les ordenó entre las medidas, no salir de país, no cambiar de domicilio, entregar el pasaporte y llegar a firmar al juzgado que llevará el proceso.
Esta supuesta estructura que habría estado enquistada en la Asamblea Legislativa, en el periodo de 2006 a 2015, fue enviada a la fase de instrucción donde será procesada por los delitos de lavado de dinero, estafa y peculado.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, el exdiputado y los acusados habrían malversado un total de $6 millones y cometido una serie de irregularidades de en el Parlamento Salvadoreño.
A criterio del Juez no existe una red de corrupción liderada por Reyes como lo hizo ver el Ministerio Público, si no, el caso sería realizado en un juzgado especializado.
Entre los sujetos que fueron presentados ante los tribunales está: Manuel Antonio Bercián Castro, quien es hijo de Asmel Arturo Bercián Rivera, quien fuese un exmilitar y miembro del cartel de Los Lucianos, este último falleció el año pasado.
Además, Bercián Castro es hermano de Moris Alexander Bercián, alias "El Barney", cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) quien se encuentra prófugo y ha sido incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de criminales transnacionales.
También estuvo presente en la audiencia la esposa de Reyes, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, por supuestamente mover dinero, ordenarlo y guardarlo en cuentas bancarias.
Por este caso, también fueron presentados tres empleados del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jenny Elibeth Guadalupe Medina. De igual forma, fue llevada al tribunal Sonia Inés Morales Rivas, conyugue de Byron Enrique Larrazábal Arévalo -socio de Reyes- y el hijo de ellos, Kevin Mauricio Larrazábal Morales. También están los empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR): Noemi Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Reyes.
"Estas personas conformaron una estructura criminal que movió alrededor de $6 millones en operaciones Ilícitas", dijo el fiscal Raúl Melara.
En este sentido, destacó el trabajo del Ministerio Público en coordinación de la Policía Nacional Civil (PNC), esto por el amplio operativo que permitió dar con la captura de la mayoría de los implicados.
Señalamientos por viajes y viáticos de expresidente del Parlamento Salvadoreño
Por otra parte, el director contra Sección contra la Corrupción e Impunidad de la FGR, German Arriaza, sostuvo que entre los abusos que hacía Reyes, encontraron la autorización de viáticos para sí mismo aprovechando su cargo como presidente de la Asamblea.
En este sentido, explico que se trató de una alteración del sistema de viáticos en la institución durante su presidencia, con lo cual se benefició con $106 mil.
“Modificó el reglamento interno lo que permitía que él mismo se autorizará los viáticos. Si la misión era de 3 días se quedaba 10 días y cobraba los 10 días de viáticos", detalló.
Ante estos señalamientos, Pedro Cruz, abogado de Sigfrido Reyes, sostuvo que todas de las misiones oficiales realizadas por su cliente están apegados a ley y autorizados por Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
“Todos fueron autorizados por la Junta Directiva, él solo cumplió el formalismo por ser el encargado y si el reglamento decía que tenía que firmar ¿Cómo iba a firmar la que hace la limpieza?”, manifestó.
Respecto a los viáticos, explicó que la FGR hizo un “calculo falso” porque “solo tomaba como misión oficial los días que duraba el evento, por ejemplo un congreso dura tres días, si, pero era en Francia, entonces también según la ley le deben de pagar los días que se tardó en viajar. Al hacer esa suma no eran tres días sino cinco, esto está regulado”.
Recalcó que la Fiscalía dijo que hubo un viaje de Reyes a Taiwán –cuando aún había relaciones diplomáticas- que solo tenía asignado $56.
“¿Cómo va estar una persona con $56 en una misión de siete días? Algo está mal aquí”, indicó.
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El tambien expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), realizó 225 viajes: 167 viajes en misiones oficiales y 58 por turismo o negocios.
Antes de este revuelo, el exfuncionario –quien habría huido a Rusia desde noviembre de 2019- era investigado por el caso de enriquecimiento ilícito.
Este proceso surge luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenara el 30 de julio de 2019 un juicio civil contra el exdiputado por indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio que presentó mientras fungió como diputado entre 2006 y 2015.
A principios de julio del año pasado, la Corte Plena retomó el estudio del expediente del exdiputado Reyes para indagar si durante su gestión en la Asamblea Legislativa había cometido enriquecimiento ilícito.
En el 2006, las declaraciones patrimoniales que detalló Reyes reflejaban que tenía un patrimonio de $108 mil 800. Al término de tres legislaturas ya había incrementado a $628 mil 088. El patrimonio líquido de la familia de Reyes también creció de $218,065.11 en 2006 a $416,967.67 en abril de 2015.
En mayo de 2018, la entonces Comisión de Ética y Probidad concluyó el examen sobre el análisis patrimonial a Sigfrido Reyes, para que fuera del conocimiento de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Reyes también fue expresidente del Organismo Promotor de las Exportaciones y las inversiones de El Salvador (PROESA).
Anteriormente el presidente Nayib Bukele acusó al FMLN de querer evitar el juicio de Reyes debido a que presionaba a la Corte Suprema de Justicia.
El exdiputado Reyes siempre trató de dilatar la investigación de Probidad. En noviembre de 2017 pidió 120 días adicionales a los diez que le había dado Probidad para que presentara las pruebas de descargo.
Lo cierto es que el efemelenista siempre estuvo en la mira, luego que sus declaraciones patrimoniales al término de su legislatura dieran cuenta de un aumento de $717 mil 065.
A pesar de ello, Reyes siempre sostuvo que el origen del dinero era producto de sus ahorros personales.
Caso IPSFA
A estos cargos se le sumaron, un informe de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que señala que el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se habría beneficiado con la compra de terrenos de un instituto de pensiones del Ejército.
De acuerdo al titular del Ministerio Público, reporte de la CCR es producto a una investigación en la cual detectaron que en febrero de 2014, el IPSFA hizo una rebaja de $105,348.86 al precio total de cinco lotes que le vendió al efemelenista y a su asesor legislativo Byron Enrique Larrazábal.
"Es un insumo más en la investigación que estamos llevando a cabo por enriquecimiento ilícito También se están evaluando otras series de evidencias y de documentos que nos van a permitir presentar un caso (ante tribunales) en el momento determinado", acotó Melara días atrás.
Por este punto, el defensor de Reyes dijo señaló que el tribunal había desacreditado el delito de estafa por estos lotes, ya que no había elementos que sostuvieran la acusación.
“Quitaron el delito de la estafa al IPSFA. La parte de los lotes de Nuevo Cuscatlán y todo el alboroto que se armó por esa situación ha quedado desacreditada. Se ha pasado a fase de Instrucción sin medidas por este caso. Respecto al peculado nos dijeron que se contradicen algunas cosas en la defensa, pero que esperamos que se diriman o confirmen en el proceso. Este caso pinta bien, pese a que va a durar meses”, expresó.
Habrían informado a Reyes que FGR tenía un proceso en su contra
En 2017, el político de izquierda habría tenido conocimiento que la FGR lo investigaba, por lo que nombró un apoderado legal para que estuviera al tanto y la Fiscalía le autorizó que revisara el expediente el 18 de julio de 2017.
La aclaración de la fiscal fue debido a que los abogados alegaron ante el juez que la Fiscalía violó el derecho de defensa del exdiputado Reyes porque a partir del 2019 prohibió que consultaran el expediente.
El Ministerio Público explicó que el 18 de octubre de 2019 le impuso reserva a las investigaciones y no dejó que los abogados de Reyes revisaran el expediente porque sospechó que estaban divulgando información.
Las sospechas fueron porque el 18 de julio de 2017 la defensa del exdiputado revisó el expediente, y 10 días después la esposa de Reyes envió a sus representantes legales a la Fiscalía porque alguien le comentó que también era investigada.
Entre tanto, el exparlamentario del FMLN es señalado de haber lavado el solo una cantidad de $781 mil 844.77 en el sistema financiero.
FGR acusa a Lorena Peña de "intimidar" a testigos, lo cual la exdiputada negó
Mientras tanto, fiscales acusaron a la expresidenta de la Asamblea Legislativa del partido FMLN, Lorena Peña, de amenazar a auditores de Corte de Cuentas de la República (CCR) para que no siguieran investigación en contra Reyes Morales.
Según las investigaciones fiscales, Peña habría acusado al expresidente de Corte de Cuentas de la República, Gregorio Sánchez Trejo, para llevar un mensaje a los auditores de CCR y en el cual les decía: «Si siguen con esa línea, van a conocer el poder político».
Al respecto la exdiputada del FMLN, afirmó en su cuenta del Twitter: "No nos van a callar así nos conviertan en presas políticas, la mención sobre supuestas amenazas es totalmente falsa. Seguiremos exigiendo verdad, debido proceso y que cese la persecución política".
