El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, calificó de “arbitraria” una resolución de una instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCRR) que lo condena a pagar $2.4 millones de dólares por deficiencias en la construcción de una terminal del Sistema Integrado de Transporte de San Salvador (SITRAMS) de Soyapango, mientras él fue ministro.
Según el también exprecandidato presidencial del FMLN, la resolución sale a la luz el mismo día del inicio de la campaña electoral presidencial, y la misma, carece de fundamento legal.
“Es enteramente arbitraria, estableciendo una responsabilidad administrativa y patrimonial de un daño que jamás existió, por una moderna obra (Terminal de Integración de Soyapango) que tiene cuatro años de estar sirviendo a miles de usuarios y es completamente funcional”, dijo Martínez en un comunicado oficial.
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Afirma que la realidad desmiente los supuestos hallazgos, que constituyen nada más un “absurdo jurídico”.
“Afirmaciones falsas, sesgadas e imposibles de sostener frente a un proyecto que existe; razón por la cual rechazo rotundamente dicha resolución y anuncio que este proceso continuará su curso en las instancias legales correspondientes”, añade Martínez.
Cuestionó además el por qué la instancia de la CRR excluyó pruebas que demuestran la calidad de la obra, verificadas por un perito que ellos mismos juramentaron. Asimismo, cuestionó la falta de notificación a su persona sobre la verificación, por lo que lo considera una trasgresión a su derecho constitucional de defensa y audiencia.
“Esto es una prueba de la parcialidad de la sentencia, que en consecuencia es nula y viola las normas y políticas de auditoría gubernamental y la ley de la misma Corte de Cuentas.”, señala.
Gerson Martínez manifiesta que la ejecución del proyecto, así como sus desembolsos fueron minuciosamente auditados por prestigiosas firmas internacionales contratadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió el proyecto y expresó su total satisfacción con la obra.
Dice que adicionalmente, diversas organizaciones sociales observaron la ejecución y tuvieron acceso a toda la información del proyecto que ha sido y sigue siendo pública.
“Mis hechos, mis obras y mi vida entregada al servicio de la gente reafirman mi compromiso de transparencia, ética y de un correcto uso de los recursos del pueblo”, concluye.
La Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR condenó a Martínez y cuatro funcionarios más, entre quienes destaca también el actual viceministro de Transporte, Nelson García, por irregularidades entre las que se mencionan el aval de la entrega de millones de dólares por una "obra defectuosa" que no cumplía con los requerimientos establecidos en el contrato suscrito entre el Estado y la empresa constructora.