De populista calificó Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la propuesta del diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, de declarar la guerra a las pandillas.
El 2 de julio pasado, el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, presentó esta iniciativa que entró al pleno el jueves y fue enviada a la Comisión Política para su estudio.
En su pieza de correspondencia, este legislador argumenta que las “maras, o pandillas llamadas grupos terroristas, vulneran los derechos de todos los ciudadanos de residir en cualquier lugar del país, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas".
Además, atentan contra el derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de estos grupos; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas específicas donde ciertas personas no pueden andar, bajo el riesgo de sufrir atentados contra su vida.
También el diputado sostiene que dichas estructuras criminales, paralizan el transporte público y atentan contra los motoristas y cobradores, impiden la libre realización de actividades económicas y laborales de amplios sectores de la población; entre tantas acciones realizadas de manera sistemática, planificada y organizada.
Por todas estas razones, el legislador de GANA solicita “declarar la guerra” a todos los grupos terroristas u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado,
La propuesta del diputado de GANA consta de dos artículos: el primero “declarar la guerra”; y el segundo detalla que lo establecido en este decreto (en el supuesto fuera aprobado por el pleno), entrará en vigencia por el período que el Órgano Ejecutivo lo estime conveniente.
Óscar Campos de (ISD), considera que la idea de Gallegos es un absurdo jurídico, ya que de declararle la guerra a las pandillas se estaría reconociendo como un grupo beligerante; y no solo eso, estaría abriendo las puertas para que grupos delincuenciales o criminales de otros países ayuden a las maras, incluso financieramente.
Campos insistió en que la propuesta de Gallegos no es más que populista porque no ha tomado en cuenta que de aprobarse esta iniciativa, se cometerían violaciones a los derechos humanos de cualquier persona.
El abogado de ISD le recordó a Gallegos que en agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró como grupos terroristas a los pandilleros y sus financistas, precisamente por los mismos argumentos que expone el político en su iniciativa.
El tribunal constitucional de nuestro país resolvió que las pandillas así como cualquier otro grupo criminal que atente contra el bienestar de la población y los y los atemorice, serán considerados terroristas.
La medida establece que "jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole", reza parte de la resolución de la Sala.
Campos le sugirió al diputado y a la Asamblea Legislativa en general, que mejor apoyen al Ejecutivo que ha lanzado desde el mes pasado un Plan de Control Territorial seccionado en siete fases y que requiere de recursos económicos para obtener resultados.
“El llamado es a los diputados para que apoyen las medidas que está llevando a cabo el presidente Nayib Bukele”, reiteró el miembro de Iniciativa Social para la Democracia.
De hecho, desde que inició el 20 de junio el plan antidelincuencial el Ejecutivo hasta el 12 de julio, se habían efectuado 4,628 arrestos por diferentes delitos.
Estas ideas de Gallegos no son nuevas. Ha pedido que se aplique la pena de muerte para los pandilleros en repetidas ocasiones.
En mayo de 2017, dio dinero a líderes comunitarios para que compraran y registraran armas de fuego para su autodefensa.
Incluso en febrero de este año impulsó una campaña en la que instaba a la población a hacer justicia con sus propias manos. El lema era: “Si te veo matar a un delincuente, yo no te vi”.
