El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, aseguró este lunes que él no solicitó el recurso de habeas corpus que denegó este mismo día la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
“Todo esto es una completa ridiculez. Yo no solicité el habeas corpus ya que no creo en Sala de lo Constitucional. La solicitud fue presentada por un payaso”, escribió en su cuenta de Twitter.
El recurso de habeas corpus es un procedimiento jurídico por el que cualquier ciudadano puede solicitar la revisión de un juez para que este determine la legalidad de su arresto.
Según los magistrados de la Sala de lo Constitucional, no existen indicios que señalen un peligro para la libertad física del exmandatario en el país.
“No se señala ninguna amenaza cierta al derecho de libertad física del señor Funes Cartagena“, reza la resolución de la Sala, y agrega que no hay indicios de peligro o amenaza hacia Funes, por lo que tampoco encuentran indicios que hagan “factible el otorgamiento de asilo a favor de este, por parte de otro país“.
A ello, el expresidente aseguró que “el asilo político es una decisión soberana del gobierno que lo otorga. Lo que resuelva la Sala no es relevante ni tiene efectos jurídicos“, explicó.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Funes de enriquecimiento ilícito por un monto de $702,129.
En este caso también están involucrados su exesposa, Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes, ambos acusados de enriquecimiento ilícito.
Según un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el exmandatario no pudo justificar $520,629 en bienes durante su quinquenio como presidente (2009-2014) y otros $181,500 posteriores a su cargo.
En febrero pasado la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro aprobó que Funes rindiera su declaración para esta audiencia probatoria, desde suelo nicaragí¼ense donde está protegido por el gobierno del vecino país, bajo el argumento que es un perseguido político en El Salvador.
De ser encontrado culpable, el exmandatario deberá devolver el monto por el que se le acusa y quedará inhabilitado para aspirar a cargos públicos por un período de 10 años.
