El secretario general del partido de izquierda, FMLN, Oscar Ortiz, señaló que hay medidas importantes que el gabinete económico de la presidencia no ha incorporado en el plan de recuperación económica para quienes se verán afectados directamente por la emergencia nacional ante el COVID-19.
Dentro de esas medidas, Ortiz explicó que no se ha incorporado la posibilidad de que los salvadoreños afectados puedan gestionar créditos de emergencia a tasa cero intereses con organismos internacionales, especialmente para las micro y pequeñas empresas.
Una disposición similar fue anunciada por el presidente Nayib Bukele cuando, hace algunas semanas, dijo que las empresas que decidieran enviar a sus empleados a casa para prevenir más contagios de Coronavirus en el país, podrían aplicar a un crédito de capital productivo y capital de trabajo, a través del Banco Hipotecario.
“El Ministerio de Trabajo va a poner a su disposición el contacto para que todas esas empresas que voluntariamente hagan este sacrificio van a estar precalificadas para un crédito”, dijo en ese entonces.
Pero Ortiz, también cuestionó que los precios de la canasta básica no hayan sido congelados ni que hayan incorporado el otorgamiento de una pensión básica universal de $50 dólares a todos los adultos mayores de 60 años, adicional a una canasta básica primaria; así como la congelación de los pagos de rentas y alquileres y la ampliación del monto de subsidio de energía eléctrica y gas para las familias de más escasos recursos.
Desde la semana pasada, la Defensoría del Consumidor fijó los precios máximos de venta de los productos esenciales de la canasta básica para evitar el alza ante la emergencia por el COVID-19 de tal manera que “se garantice el abastecimiento y los precios accesibles, así como para evitar el acaparamiento de éstos”, señalaron autoridades.
Por ejemplo, el quintal de maíz blanco no debería costar más de $17.75 ($0,23 libra), el quintal de arroz blanco a $38.95 ($0,48 libra), y el quintal de frijol rojo $66.85 ($0,75 libra).
Asimismo, Bukele anunció que, en el marco de los 30 días de cuarentena domiciliar obligatoria, se entregará a las familias económicamente más afectadas $300 dólares y se suspenderá el pago de los servicios básicos (luz, agua, internet, cable, teléfono, préstamos y créditos) hasta por tres meses.
Pero, entre los requisitos para otorgar dichos beneficios, según Bukele, es que dichos hogares sean afectados directamente por dicha cuarentena, es decir, que el principal ingreso económico del hogar se haya paralizado al no poder salir de casa, que no se tenga ningún otro salario entre los miembros del hogar y que dicha familia compruebe un consumo menor a los 250 kilovatios de energía al mes.
Además, entre las primeras medidas, Bukele también ordenó a las empresas que se enviara a casa a todas las personas mayores de 60 años y embarazadas, por ser los sectores poblaciones más vulnerables ante el Coronavirus.
Pese a la inconformidad en este tema, Ortiz aclaró que continúan en la disposición de contribuir para que la población acate las medidas implementadas por el actual gobierno, a través de todas sus alcaldías y concejos municipales.
“Procuraremos que el financiamiento que se dedique para la atención a la emergencia y a la crisis económica que esto generaría, llegue a los territorios, a través de los gobiernos municipales, bajo los mismos mecanismos administrativos y de distribución del FODES. Los gobiernos locales pueden contribuir junto al gobierno central, a canalizar los recursos, mediante un mecanismo de auditoría, para impactar de manera positiva en las familias afectadas en cada territorio”, acotó el líder de la oposición.
