Todo apunta a que la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2020, llevará su tiempo. Y qué decir de los préstamos que ha solicitado el presidente Nayib Bukele. $91 millones para impulsar la fase II del Plan de Control Territorial y $109 millones que el Ministerio de Hacienda debe presentar a la Asamblea para que sean aprobados y que también estarían orientados para las políticas de seguridad pública.
La diputada Yanci Uribina, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), e integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó que el proyecto de gastos tiene demasiadas inconsistencias que deben ser explicadas por los funcionarios del Ejecutivo.
El Presupuesto es de $6,426 millones y requiere créditos por $755 millones para completar su financiamiento. La partida de gastos se aprueba con 43 votos, pero los préstamos necesitan mayoría calificada, es decir 56 votos, que solo se logran con la concurrencia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que tiene 37 diputados y el FMLN con sus 23 legisladores.
La diputada Urbina hizo unas valoraciones iniciales con respecto al proyecto que está en estudio en la comisión de Hacienda.
En primer lugar, externó su preocupación, ya que el presupuesto no está debidamente sustentado y por el contrario, tiene partidas que aumentan injustificadamente con datos falsos.
“Hay muchas promesas que fueron anunciadas por el presidente Nayib Bukele y que no han sido incluidas en el presupuesto”.
Además tiene una particularidad, agregó, y es que estanca los programas sociales. Tiene varias falencias; opina que hay una clara intencionalidad de recortar, disminuir y afectar programas sociales que han tenido un impacto positivo.
Cito que el programa de alfabetización fue eliminado, al igual que el e agricultura familiar, también el de acuicultura que estaba dirigido a municipios pobres no está contemplado, lo mismo la atención comunitaria, “un niño una computadora” está casi eliminado.
De igual manera dijo, ha sido recortada la atención básica universal en $2.3 millones; el programa Ciudad Mujer lleva una disminución del 15%; el bono para educación y salud tiene una reducción del 6%; se reduce el monto destinado a garantizar el subsidio al gas propano en $9 millones y en la atención primaria en salud (ECOS) baja en más de $33 millones.
“Hay una falta de transparencia notoria en este presupuesto…, la masiva propaganda del Ejecutivo es que combatirá la corrupción, pero se tiene un presupuesto que violenta la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.
Urbina señaló que de una manera intencionada se han ocultado gastos de partidas presupuestarias para burlar la ley. Un ejemplo es que en gastos financieros han colocado gastos de salarios, bienes y servicios, pero no lo colocaron en la partida que corresponde, para violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Advirtió que si se aprueba el plan de gastos tal como ha sido presentado, se estaría cometiendo fraude de ley.
Solo en la partida de gastos financieros, comparado con el presupuesto 2019, el plan de gastos 2020 tiene un aumento de más de $114 millones; es decir, de un presupuesto de $72 millones se pasa a uno de $177 millones en el componente de gastos financieros, cuyo propósito queda en el limbo.
Tampoco está incluido el presupuesto a la Universidad de El Salvador (UES), tal como lo anunció el Ejecutivo. Para este año tiene una partida de $102.9 millones, y pero para el otro año es el mismo monto, con lo que queda estancado, dijo la legisladora.
En cuanto a los veteranos de guerra, se dijo que se construiría un hospital especializado para este sector, también prometió el mandatario llevar la atención a $300 y pagar una indemnización de $3,000. Informó que aumentaría $100 la pensión, pero en el presupuesto esos recursos no están consignados.
El 12 de septiembre, Bukele dijo que habría un incremento de $100 para los policías, pero según la legisladora de izquierda no están contemplados esos recursos.
En el tema salarial del Fondo General de la Nación, que es donde debe estar contemplado, no está incluido, por el contrario, sí hay aumentos en partidas como la de gastos financieros, gastos de publicidad en más de $7 millones; la Dirección y Administración Institucional de la Presidencia se incrementa en $10 millones; en el Ramo de Educación se ha incluido una partida denominada Asignación a Socios Estratégicos y no se determina su especificación no queda expresada, lo que significa que colocará en forma discrecional en ese ramo $19 millones.
Transfieren $3.6 millones a personas naturales no especificadas a cargo de la recién creada Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, del Ministerio de Gobernación.
En general, Yanci Urbina recalcó que hay una serie de partidas que no tienen claridad y tendrán que aclararlos en el mejor de los casos y no avalan que la UES no tenga un aumento de su plan de gastos y la partida salarial de los policías, así como incluir aumento a la pensión de veteranos.
Falta por ver la Ley de Salarios, en donde la diputada Urbina desde ya adelantó que han detectado incremento de plazas y con salarios elevados.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ha asegurado desde que asumió las riendas del Congreso, que acompañará al Ejecutivo en las iniciativas que ha presentado, como precisamente, el presupuesto y los préstamos para la seguridad.
Para el pecenista el diálogo es importante para llegar a acuerdos y resolver los problemas de país.
Pero Ponce no solo debe lidiar con que los partidos mayoritarios se pongan en sintonía y respalden las propuestas que vienen del Ejecutivo.
También tiene la carga que de por sí, ya es pesada en la Asamblea que el otro año funcionará con un presupuesto desfinanciado. El monto que tienen asignado para el 2020, es el mismo de este año, $58.3 millones, con la diferencia que en 2019, se pidió un refuerzo presupuestario de $1.5 millones y que el expresidente del Palacio Legislativo, el arenero Norman Quijano, ya les había advertido en la junta directiva que lo iban a necesitar.
Los cánones de arrendamiento es otro dolor de cabeza para Ponce. Pagan en concepto de alquiler $65,000 mensuales, al año son $780,000 que no están en la partida de gastos del otro año.
Adelantó que echará mano de un decreto de retiro voluntario para que se acojan aquellos empleados que ya están por jubilarse. Congelará plazas y de haber contrataciones institucionales serán por concurso, para que haya transparencia e idoneidad para ocupar un puesto o cargo.
No es una tarea fácil y el año está por terminar. El problema, aunque no se quiera ver de esa manera, es que ARENA y el FMLN siguen teniendo una confrontación con el presidente Bukele, lo que, a la larga puede repercutir en que estos dos partidos se vuelvan anuentes a querer autorizar las propuestas que necesita el mandatario sean aprobadas cuanto antes.
