La diputada del FMLN, Norma Guevara manifestó este lunes que la admisión de demanda que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó el pasado 17 de noviembre en contra de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) obedece al descontento de grupos de poder económico y político.
“Esta es una acción política que expresa inconformidad de algún grupo (“¦) y lo otro es también parte de una costumbre de tener amenazados a los funcionarios electos para decirles que están en jaque, en un momento en que la Corte de Cuentas debe dar finiquitos de funcionarios, que me imagino que debe haber grupos con interés en proteger actuaciones irregulares de candidatos, y esta es una forma de poner en duda a los funcionarios que dan el finiquito”, dijo Guevara en la entrevista matutina de canal 12.
Miembros del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) presentaron el pasado 6 de octubre una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala en contra de la elección de los magistrados de la CCR, argumentando que su elección no cumplió los requisitos de ley.
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Según la admisión de la demanda, la Comisión Política de la Asamblea no explica cómo evaluó a los funcionarios electos.
De acuerdo con Norma Guevara, esta admisión es una “ofensa” en contra de los diputados que ejercen constitucionalmente, así como los más de 30 profesionales que aplicaron en la competencia por el cargo ante la opinión pública.
Guevara explicó que la Asamblea pide informe a 14 instituciones públicas, de cada uno de los postulantes al cargo, y luego son seleccionados los que tienen menos o ningún tipo de cuestionamientos. Argumenta que proceso de elección y entrevistas fue televisado y transparente a lo largo de más de un mes de duración.
“Se tienen a la vista sus currículos, su experiencia, y eso es lo que ha tomado en cuenta la Asamblea a la hora de elegir a estas personas”, expresó.
La también subjefa parlamentaria del FMLN añadió que cada vez es más delicada y cuidadosa la elección de funcionarios, y que la Asamblea cuida cada requisito para elegir.
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda en contra de la elección de los magistrados: Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona, Roberto Antonio Anzora Quiróz, Nolberto Osmín Cunza López, y Patricia Lissete Bardales Osegueda.
Además dio cinco días plazos para que los referidos funcionarios se pronuncien, y ha dado a la Asamblea Legislativa 10 días plazos para argumentar la legalidad de la elección y aspectos como la moralidad y competencia notoria, así como la no afiliación ni vinculación partidaria de los ahora magistrados de la CCR.
