El fiscal General de la República, Raúl Melara, acompañado de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC POSAL), presentó a diputados de la Comisión de Seguridad y Combate contra la Norcoactividad, el proyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos.
Melara explicó que la propuesta recoge opiniones de sectores públicos y privados que serán objeto de supervisión por parte de las distintas entidades de coordinación, que permitan un mejor control y detección de lavado de activos y financiamiento de acciones de terrorismo.
“Hay nuevos delitos que se plantean como nuevas penas, pero lo que se está planteando en el fondo es poder quitar toda aquella ‘grasa’ que tiene la Ley de Lavado (vigente), que no se acopla a los requerimientos de todo un país de primer mundo que debe de estar a la vanguardia en la prevención de activos”, recalcó el fiscal general.
Mónica Mendoza, directora de UNODC, detalló los principales puntos de la iniciativa. Por ejemplo, existirán entes de supervisión que se encargan de vigilar, fiscalizar y supervisar las actividades que le competen a la ley.
Las penas aumentan (8 a 15 años de prisión) por el cometimiento de lavado de activos y se introduce la figura de la conspiración.
Además, se facilita la existencia de un mejor intercambio entre la Fiscalía General y otras entidades homólogas a escala internacional.
Hay también un régimen de sanciones (en la ley actual no existe), para aquellos que no cumplan con los requerimientos establecidos en el anteproyecto de ley. Se aplica de igual manera el enfoque basado es riesgo, es decir, que cualquier sistema de prevención de lavado de dinero se activará de acuerdo a las necesidades de una empresa.
La iniciativa obliga a que exista una articulación y coordinación, pues la prevención de lavado de activos es un trabajo en el que deben estar involucrados todos (públicos y privados).
“Aquí no se están generando labores de investigación, ni se le está restando poder a la Fiscalía, todo lo contrario, se establece el rol de prevención”, acotó Mendoza.
Opinó que es importante dejar de ‘satanizar’ que algunas actividades económicas son propensas o se presten al lavado de activos; si bien existe un riesgo de vulnerabilidad, lo importantes es que se protejan para que las empresas estén fortalecidas.
El presidente de la Comisión de Seguridad, José Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN), manifestó que en la instancia ya tienen una iniciativa similar que se encuentra en estudio.
La herramienta legal presentada por el fiscal Melara, es importante porque con ella no se permitirá que la delincuencia sobrepase la ley, con la actual legislación que está vigente.
“Este proyecto nos va ayudar a llenar esos vacíos en materia de lavado de activos, lo vamos a analizar en la comisión para luego dictaminar”, reiteró Almendáriz.
La propuesta entra a estudio de la Comisión de Seguridad que, una vez logrado un acuerdo entre los diputados, se emitirá un dictamen favorable que será conocido por el pleno para su aprobación.
