El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo este miércoles que tienen suficientes pruebas en el caso del expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores a quienes acusan de lavado de dinero y malversación de fondos públicos de casi $300 millones de dólares, por lo que esperan que el juez pase a juicio el caso.
Meléndez afirma que la columna vertebral del caso son las pruebas presentadas de origen técnico y financiero, y que su investigación no descansa únicamente en el testimonio de un testigo criteriado, como lo ha criticado la defensa del exmandatario.
“La extracción de esos $200 millones en efectivo sí se probó. La desviación del dinero sí ha sido comprobada con cheques, con depósitos, transferencias a cuentas vinculadas a negocios o personas del expresidente. Creo que tenemos evidencia suficiente y esperamos que el juez dé una resolución razonable y este caso pase a juicio”, dijo Meléndez en la entrevista matutina de canal 21.
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La Fiscalía General de la República (FGR) hizo uso del testimonio de “Prometeo”, un publicista que asegura que el expresidente Saca desvió $7 millones 75 mil a la agencia de publicidad para la que trabajaba, a cambio de que a través de radios vinculadas a Saca, se promocionara las acciones realizadas en su gobierno entre 2004 y 2009, a pesar de que tal acción era ilegal.
“Desde el punto de vista de la defensa, por supuesto que tienen que cuestionar cualquier cosa, ya sea prueba técnica, científica, o al mismo testigo criteriado. Muchos le temen al criteriado porque saben que es una persona que estuvo dentro de la estructura que sabe bien qué es lo que ocurrió y nos cuenta todo”, añadió Meléndez.
El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador decidirá este miércoles si el caso Saca pasa a juicio, en una audiencia preliminar celebrada este día, y a la cual ningún medio de comunicación ha tenido acceso por órdenes del juez, pese a que el caso no tiene reserva.
El expresidente Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, César Funes y Julio Rank, son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial entre los años 2004 al 2009.
De acuerdo con la investigación fiscal, los fondos que presuntamente se apropiaron provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas.
