El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo en conferencia en Washington, de acuerdo a una versión publicada este viernes en un diario impreso que viajaría a Brasil para recabar datos que podrías relacionar al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, en la actualidad asilado político en Nicaragua, con una trama corrupta del caso conocido como Odebrecht.
Funes vive asilado en Nicaragua desde el año pasado cuando se iniciaron procesos de investigación por enriquecimiento ilícito, así como por peculado y lavado de dinero por un monto de más de 300 millones de dólares en su periodo presidencial (2009-2014), de acuerdo al proceso en un tribunal que ya giró contra él una orden de captura internacional.
El fiscal Meléndez desde el año pasado está investigando posibles nexos entre Odebrecht y la campaña de Funes en 2009.
Según el informe de "La Prensa Gráfica", un testigo de la investigación que se sigue en Brasil por corrupción a la constructora brasileña Odebrecht, ésta habría aportado entre uno y tres millones de dólares para la campaña electoral de Funes en 2009, cuando triunfó por primera vez un candidato de izquierda en El Salvador.
"En este momento es un testigo, pero puede haber un segundo" en Brasil, dijo el fiscal general en conversación con reporteros tras dictar una conferencia brindada el miércoles en la capital estadounidense.
Meléndez indicó que de verificarse la existencia de un delito, podría sumarse a la causa penal que ya Funes enfrenta, y por la que un juez de San Salvador ordenó el mes pasado su captura internacional, en la que también están involucrados 31 personas de su familia y de ex funcionarios.
La constructora brasileña Odebrecht ha sido acusada en varios países de pagar sobornos millonarios a políticos brasileños y del continente.
Funes gobernó El Salvador entre 2009 y 2014 postulado por el FMLN, actual partido en el gobierno.
Actualmente también está procesado desde 2016 por peculado y lavado de dinero el ex presidente Elías Antonio Saca, quien gobernó antes de Funes, entre 2004 y 2009. El monto del que se le acusa a Saca y un grupo de exfuncionarios es de 242 millones de dólares.
