martes, 16 abril 2024

Fijan fecha de resolución en juicio contra alcalde de Olocuilta

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Informe de la Sección de Probidad estableció que el edil habrí­a ocupado dinero municipal para adquirir propiedades privadas

La Cámara de la Tercera Sección del Centro, con sede en San Vicente, dará a conocer el 1 de septiembre próximo la resolución de la audiencia preparatoria en el proceso por enriquecimiento ilí­cito en contra del alcalde municipal de Olocuilta, Marvin Ulises Rodrí­guez.

En la audiencia preparatoria las partes ofrecen sus pruebas para que los magistrados, con base a la Ley de Enriquecimiento Ilí­cito de Funcionarios y Empleados Públicos, decidan qué pruebas admiten para la realización de la audiencia probatoria.

En la audiencia probatoria, tras evaluar las pruebas, los magistrados de la Cámara decidirán si el alcalde Rodrí­guez es responsable o no del ilí­cito de Enriquecimiento Ilí­cito. Si es encontrado responsable deberá devolver al erario público los fondos obtenidos de manera ilegal y quedará inhabilitado durante diez años para ejercer o buscar cualquier cargo público. El fallo de la Cámara puede ser apelable ante la Sala de lo Civil.

Lea también: Inmovilizan cuentas bancarias y bienes de alcalde de Olocuilta.

Según el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y ratificado por las investigaciones de la Fiscalí­a General de la República, Rodrí­guez se habrí­a enriquecido ilegalmente por un monto de $207 mil dólares.

Hasta ahora, como medida cautelar se le han inmovilizado cuentas bancarias de dos bancos. Asimismo, se le han efectuado anotaciones preventivas de cinco vehí­culos los cuales aparecen registrados a nombre de Rodrí­guez Álvarez.

La Cámara también recibió el oficio del Registro de la Propiedad, Raí­z e Hipoteca de la Tercera Sección del Centro, en el que consta que se ha procedido a la inmovilización preventiva de tres inmuebles, de tal manera que no los puede vender ni traspasar a otras personas o instituciones.

El informe de la Sección de Probidad estableció que Rodrí­guez habrí­a ocupado dinero municipal para adquirir propiedades privadas a su nombre.

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