El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ha solicitado la revisión de la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tomada en 2020 y que llevó a cerrar definitivamente el expediente judicial del caso de la masacre de los jesuitas, cometido el 16 de noviembre de 1989.
Esta acción surge producto a que Delgado interpuso un amparo en la referida Sala, ya que considera que se ha dejado en la impunidad este caso registrado en la guerra civil salvadoreña, que dejó como víctima a cinco sacerdotes españoles, a uno salvadoreño y a sus dos colaboradoras.
“Hoy, retomamos el camino de la verdadera justicia, removiendo los obstáculos judiciales que impidieron, durante 32 años, que las víctimas conocieran la verdad, No más impunidad evidente por los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los imputados, tantas veces señalados, en el #CasoJesuitas #JusticiaYVerdad”, escribió Delgado en su cuenta de Twitter.
Ante el procedimiento realizado por el ministerio público, el presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que lo que no se había hecho en 32 años, iniciaba ahora.
“La UCA pidió esto durante 3 décadas… 3 décadas… Con vigilias, pronunciamientos, en conferencias, en la prensa, en libros, comunicados, entrevistas, demandas y un largo etcétera. Imagino que estarán muy felices de que, al fin, su petición de justicia se hará realidad”, reaccionó el mandatario.
El año pasado, la Sala ordenó cerrar el proceso contra los asesinos de los sacerdotes, también la la reapertura de la causa ordenada por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador y confirmado por la Cámara Tercera de lo Penal.
El tribunal superior en materia penal, tomó la decisión tras conocer dos recursos de casación, el primero lo interpuso Juan Orlando Zepeda Herrera y Francisco Elena Fuentes, mientras que el segundo lo presentó Rafael Humberto Larios López: Los tres militares según resolución del Juzgado Tercero de Paz y de la Cámara Tercera del Penal, debían ser procesados junto al expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano.
En las casaciones los militares pidieron que se anulara la resolución que ordenaba reabrir el caso por considerar una violación a derechos fundamentales de seguridad jurídica y principio de legalidad debido a que las acciones penales ya estaban prescritas.
“Las actuaciones realizadas por los funcionarios en este proceso tanto la Fiscalía General de la República, como por el juez tercero de Paz de San Salvador y por los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador han desconocido de manera flagrante la prohibición constitucional de retroactividad de la ley penal, y ello ha traído a su vez como consecuencia la violación a la prohibición de abrir juicios ya fenecidos, lo cual es una negación de la legalidad y la seguridad jurídica en el presente caso”, se lee en parte de la resolución de la Sala de lo Penal.
Según el análisis que hizo la anterior la Sala de lo Penal, si los hechos señalados ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, para esa fecha en El Salvador estaba vigente la Constitución de 1983 en la que se establece la prohibición de retroactividad de la ley desfavorable, de ahí que en este proceso no se podía aplicar esta regla, ya que la retroactividad se incorporó el 20 de abril de 1998, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal.
En este sentido, Delgado sostuvo que hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde señala que esos argumentos están proscritos en materia de Defensa de Derechos Humanos.
Coronel Montano condenado en España
El 11 de septiembre del 2020, la Audiencia Nacional Española condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales, de 78 años de edad, por la muerte de los cinco sacerdotes españoles.
Exdiputado Parker involucrado en el caso
Anteriormente, el rector de la Universidad Centroamericana Doctor José Simeón Cañas (UCA), padre Andreu Oliva, señaló que el exdiputado y exasesor gubernamental, Rodolfo Parker, tenía conocimiento de la medida en contra de los religiosos.
El padre Andreu confirmó que el testimonio vertido por el teniente Yusshy René Mendoza, evidencia que Parker favoreció a encubrir y proteger a los responsables de la masacre de los seis Jesuitas y sus colaboradoras.
En 1989, Rodolfo Parker fungía como asesor jurídico de la comisión militar que se encargó de las primeras investigaciones, cargo que aprovechó para eliminar importante evidencia y proteger a los autores de los asesinatos.
Yusshy René Mendoza, durante la declaración, donde detalló que Rodolfo Parker destruyó pruebas contundentes para encubrir a los asesinos intelectuales de la masacre.
Según Yusshy René Mendoza, Parker interrumpió la declaración y rompió la hoja que estaba mecanografiando alguien. “No, no, no. No puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o el Batallón Atlacatl”, dijo.
¿Cómo fue cometida la masacre?
Según el informe de la Comisión de la Verdad, en la tarde del 16 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el Colegio Militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era “crítica”, que debía enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los “elementos subversivos conocidos” debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría, sin dejar testigos. Los oficiales (miembros del batallón Atlacatl) decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un rifle AK-47 que había sido capturado por el FMLN.
Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Avalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos. El soldado José Alberto Sierra Ascencio le disparó a ambas mujeres nuevamente.
Los cadáveres de la mujer y la niña estaban en otro cuarto anexo. Los asesinos también incendian y saquean el Centro Monseñor Romero, como estratagema los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, la cual fue descubierta como espurio sin soporte en las posteriores investigaciones.
Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y 5000 dólares. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía “El FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN”.
UCA conmemora el legado de los mártires a 32 años de su asesinato
La tradicional procesión de farolitos se realizó en la noche del sábado 14 de noviembre en el Centro Polideportivo de la UCA, con todas las medidas de bioseguridad.
La UCA conmemoró 32 años del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras.
La comunidad universitaria se reunió para recordar el legado de sus mártires.
