El fiscal general de la República, Raúl Melara, no mostró disposición de sentar postura sobre la ausencia de los registros militares de la masacre de El Mozote, registrada entre el 10 al 12 de diciembre de 1981.
“Ahorita no, de ese tema no”, dijo el titular del Ministerio Público al consultarle sobre el tema.
La controversia ha surgido debido a que el medio digital El Faro, publicara que la investigación periodística “Casa Presidencial responde al juez que el Ejército no tiene archivos de El Mozote”.
En el contenido de la nota, se puede leer que la Fuerza Armada se empeña en recalcar que no cuenta con ninguna información sobre los operativos militares de dicha masacre, pero caso contrario sucede con Casa Presidencial que asegura que en el Archivo General de la Nación hay información de "interés" en este proceso judicial.
En este sentido, la Presidencia de la República estaría acatando la orden del Juzgado de San Francisco Gotera de entregar archivos militares relacionados con este caso, que tenía como fecha límite el 19 de noviembre.
El medio de comunicación aseguró que la información que obtuvo, indica que 42 dependencias de la Fuerza Armada dicen no contar con información relativa a los operativos militares realizados entre 1980 y 1982.
En las actas se habría indicado que el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera (departamento de Morazán); la Fuerza Aérea, y la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, habrían aportado tropas (junto al desaparecido Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl) en los operativos militares que devinieron en una masacre de alrededor de mil campesinos, más de la mitad menores de edad, en diciembre de 1981.
"Las actas que ahí se enlistan, todas dicen que no se encuentran los planes de operación militar solicitados", dijo la fuente a El Faro.
LEA TAMBIÉN: Sobrevivientes de la masacre del cerro Ortiz de Morazán claman justicia a 28 años del hecho
En el artículo se puede leer: “La respuesta de 42 dependencias de la Fuerza Armada al requerimiento del juez Jorge Guzmán reabre el debate sobre el paradero los archivos militares por los que han clamado, desde hace casi tres décadas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las víctimas de la guerra. Esos archivos, han alegado, son claves para identificar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos señaladas por la Comisión de la verdad, y para facilitar la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos de masacres, desapariciones forzadas de hombres, mujeres y niños en el contexto de la guerra civil”.
VIDAS-Víctimas Demandantes exigió entrega de estos archivos
Miembros del proyecto VIDAS-Víctimas Demandantes solicitaron al presidente de la República, Nayib Bukele, que entregara estos documentos.
El movimiento aseguró que la orden fue girada el pasado jueves 24 de octubre y el mandatario tenía quince días para hacerlo; ese plazo venció el pasado viernes 8 de noviembre.
Oficialmente, de Presidencia se aclaró que "contemplando los días hábiles y otros procesos legales correspondientes, el plazo se le vence al presidente el 19 de noviembre".
“No sabemos si los entregó o no… Han pasado varias décadas de ocultamiento deliberado de esos y el resto de archivos militares que podrían revelar la verdad sobre lo ocurrido antes o durante el conflicto armado salvadoreño; eso ha servido para consolidar la impunidad histórica que tanto daño le continúa haciendo hoy a nuestra sociedad”, indica un extracto del comunicado emitido por la organización.
A la vez las víctimas recordaron que el presidente dijo: “Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro. De la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”.
“Si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado y que ahí esté, pues, evidentemente lo vamos a hacer. Más por la búsqueda de verdad que por la orden judicial, que por supuesto que sería vinculante. La única forma de sanar las heridas del pasado ‒sentenció‒ es que se sepa la verdad”, rememoraron las palabras de Bukele.
Además, recordaron que el acceso a la información es un derecho humano que lo ha ratificado la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han confirmado eso.
