El fiscal general de la República, Raúl Melara, afirmó que en esta semana han presentado una demanda civil en el Juzgado Segundo de Instrucción contra ARENA y un banco, por estar implicados en el desvío de $10 millones de una cooperación de Taiwán destinada para los afectados de los terremotos de 2001.
Melara dijo, que la causa civil continúa pese a que Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador anulara la causa penal, por lo que buscarán reintegrar el dinero a las arcas del Estado.
El 4 de julio de 2019, la Cámara anuló el proceso judicial contra los ex presidentes Elías Antonio Saca, y Francisco Guillermo Flores (fallecido). Además, fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balzaretti, ex presidente del Centro de Estudios Políticos (CEP) José Mauricio Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán (fallecido) y Juan Wright.
La exoneración fue gracias a una apelación de la defensa en la que establecían que el proceso había fenecido; sin embargo, la Cámara dictó que, aunque este caso fue cerrado, la responsabilidad civil debe continuar contra los acusados.
“Esta es una acción que ha ido en contra, pues obviamente de los imputados en el caso Taiwán si bien la acción penal se extinguió la acción civil perdura. También está involucrado el Banco Cuscatlán, que fue a través de este banco, quiero aclarar que era otra administración, no los actuales propietarios, pero heredan esa responsabilidad, fue a través de este banco que se desviaron los fondos pertinentes. Ellos están demandados”, aseveró el funcionario y agregó que la demanda también va dirigida hacia el partido ARENA. Instituto político que recibió supuestamente, de la administración del ex presidente Francisco Flores, una serie de cheques provenientes de los recursos que iban destinados a los damnificados de Los terremotos de 2001.
Saca, Wright y Balzaretti, fueron señalados, como dirigentes de ARENA, de continuar desviando los fondos, a través del Banco Cuscatlán, que era dirigido por Samayoa.
“El banco Cuscatlán y el partido ARENA están demandados, y deberán responder civilmente por esos $10 millones (…) el reto no es sólo condenar a las personas, si no recuperar parte del dinero perdido y esa será una acción que iniciará en su momento”, enfatizó Melara.
Abren investigaciones por irregularidades en emergencia por COVID-19
Por otra parte, confirrmó que hay varias investigaciones abiertas por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos públicos por la pandemia del COVID-19 y que ya están en marcha, pero aclaró que depende de insumos relevantes que la Corte de Cuentas tendrá que aportarle para sustentar los hechos en los tribunales de justicia.
El titular del Ministerio Público, no dio nombres de funcionarios involucrados en esas irregularidades, aunque hay nombres de personas que se mencionan en el nivel mediático, pero en la etapa en que se encuentran los casos se investigan hechos y posteriormente se buscarán nexos de personas involucradas.
“Yo no voy a procesar a nadie porque quieran que se procese, voy a procesar cuando tenga los elementos suficientes para llevar a cabo el proceso”, sostuvo Melara.
En ese sentido dijo que en su gestión no presenta casos a los tribunales de justicia que no tenga los elementos mínimos para realizar una imputación.
“No vamos a presentar casos por estadísticas o para satisfacer el morbo, no importan las presiones”, acotó.
Agregó que “si un funcionario ha malversado los fondos que debieron usarse para dotar a médicos de insumos adecuados, para atender a los pacientes en los hospitales, para apalancar la economía, que los salvadoreños no duden que será procesado”.
