El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador recibió este viernes de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) el recurso de apelación en contra de la Sentencia Absolutoria a favor de 18 implicados en el caso “Tregua”, entre los que se encontraban un exdirector de Centros Penales, altos mandos policiales y empleados penitenciarios.
La argumentación fiscal se basa en “que el señor Juez de Sentencia ha llegado a basar parte de sus fundamentos de hecho y de derecho en los cuales sustenta la absolución, en investigación personal y en búsqueda que por su propia cuenta ha llegado a realizar en internet”; reza el documento.
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Asimismo, la Fiscalía señala que la sentencia emitida por el juez Godofredo Salazar, acontece una "insuficiente fundamentación,”
Por otra parte, la Fiscalía fundamenta que “el juzgador, en la sentencia, una de las reglas de la sana critica que ha violentado en la regla de la lógica, debiéndose mencionar que esta, es un principio que gobierna los juicios que dan fundamento acertadamente para determinar su falsedad y verdad”
El recurso de apelación ha sido en contra el fallo que favorece a los imputados Nelson Rauda, Anilber Eduviges Rodríguez, quienes se les atribuyeron haber cometido actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios.
Además, a Juan Roberto Castillo Díaz, Mario Alberto Mijango, procesados por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios y agrupaciones ilícitas.
También a Carmen Elena Arévalo, Sara Encarnación Hernández, Nancy Eugenia Escobar, Arija Vanessa Torres, Sandra Marilin Campos, Ronald José Zúñiga, Clara Maribel Linares, Maricruz del Carmen Hernández y José Antonio Meza, a ellos se les atribuyó el delito de falsedad ideológica.
Por último, a Félix Antonio Ruiz, Rigoberto Palacio Carrillo, Juan José Zepeda, José Adrián Abarca y Miguel Ángel Abarca, por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de delitos prohibidos en centros penitenciarios.
La FGR había pedido 18 años de prisión contra el exdirector de centros penales Nelson Rauda y contra el exinspector general de Centros Penales Anílber Rodríguez. Contra el mediador Raúl Mijango habían sido pedidos 12 años de prisión. Para el subinspector de la PNC Roberto Castillo Díaz, se pidió 14 años de prisión. Para cinco directores de penales, también 14 años; mientras que para los miembros de los consejos criminológicos había pedido seis años.
El juez basó en su fallo del pasado 29 de agosto, que quedó demostrado que la tregua fue producto de una política de Estado impulsada por el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payes, avalada por el expresidente de la República, Mauricio Funes.
En ese sentido señaló que algunos imputados solo obedecieron órdenes y en el caso de los miembros del Consejo Criminológico, estos fueron víctimas de las acusaciones de la Fiscalía, pues ellos hubieran funcionado mejor como testigos.
