El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó inmovilizar un total de $1 millón 400 mil en bienes al exministro de Defensa y exministro de Seguridad, David Munguía Payés, por ser acusado de cometer actividades ilícitas y no justificar los bienes cuando ejerció sus funciones, durante el periodo 2009 al 2018.
Las autoridades congelaron 8 inmuebles que están ubicados en San Salvador y La Libertad. Asimismo, “se inmovilizan cuentas a plazo que estaban a nombre del exministro de Defensa”.
Las investigaciones establecen que Munguía Payés, obtuvo los bienes producto de actividades irregulares.
A partir de este día, los bienes materializados por orden del pasan a ser administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes.
Munguía Payés está acusado por la Fiscalía de los delitos de actos arbitrarios, peculado y falsedad documental agravada en la causa penal CENTRUM, en la que se señala al exministro de Defensa de manipulaciones en contratos de permuta de armas con una empresa de seguridad.
Además, tiene acusaciones de actos arbitrarios, negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes por el caso Treguas, en el que, de acuerdo con el fiscal del caso, el exfuncionario lideró el proceso de negociaciones con la venia del entonces presidente Mauricio Funes.
El exministro de Defensa está acusado por el caso CENTRUM debido a que, según fiscales, avaló las negociaciones de intercambio de un lote compuesto por 14,930 armas de fuego, valoradas en $2,051,000 y modificó contratos de dicha permuta por la que el Estado recibiría dos obuses nuevos, pero que finalmente eran “repotenciados”, o sea, usados.
La sociedad CENTRUM entregaría al Ministerio de Defensa dos obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un jack de 20 toneladas y una engrasadora automática a presión.
El objetivo era cambiar las armas obsoletas y renovar el equipo armamentístico en artillería. Sin embargo, un mes después de que se firmara el contrato, Munguía Payés, que regresaba a Defensa tras ser declarado inconstitucional en el Ministerio de Seguridad, modificó las condiciones del contrato.
Según la Fiscalía General, el ministro modificó la vigencia del contrato de 36 a 24 meses. Eso a pesar de que el mismo contrato establecía que solo podía haber una modificación por una justificación razonada.
Pero eso no ocurrió así. El argumento del apoderado legal de CENTRUM, Héctor Herrera, fue que los obuses estarían en poder del Ministerio de la Defensa en 24 meses.
La FGR asegura que Munguía Payés recibió una nota donde el director de Política de Defensa le sugería no aceptar esa modificación al contrato por posibles problemas legales. No obstante, el ministro de Defensa realizó la modificación del contrato.
“Con ello dejó indefenso al Estado porque los obuses no vinieron a los 24 meses”, explicó uno de los fiscales del caso.
Además, según la Fiscalía, hubo otra modificación al contrato el cual establecía que los obuses que le serían entregados al Ministerio de la Defensa eran “repotenciados”, es decir, usados. Eso a pesar que “en el contrato inicial nunca se habló de obuses repotenciados”.
La Fiscalía también pidió detención provisional para David Munguía Payés, quien fue exministro de Seguridad, por las acusaciones en su contra por actos arbitrarios, negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes que presuntamente cometió en el contexto de la tregua entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) entre los años 2012 y 2013.
De acuerdo con el fiscal del caso, el exfuncionario lideró el proceso de tregua con el aval del entonces mandatario Mauricio Funes, ahora prófugo y asilado en Nicaragua.
“Tuvo coautoría directa tanto por acciones positivas como por omisiones”, explicó el fiscal en declaraciones que divulgó la Fiscalía.
Munguía Payés, según la FGR, se presume fue el arquitecto de la tregua que devino en la abrupta caída de las estadísticas de homicidios.
En dicha negociación, los funcionarios de la época facilitaron actos ilegales a los principales cabecillas pandilleros con la excusa que se mantuvieran activos para mantener los ánimos calmados en los territorios controlados por ellos mismos.
Este tipo de beneficios incluía la introducción a los centros penales, sin ningún tipo de control, de electrodomésticos y otros objetos ilícitos, además de la organización de fiestas que en algunos casos llegó a incluir bailarinas que se desnudaron frente a pandilleros.
Esas acciones se materializaron en la vulneración de las leyes penitenciarias y penales, así como también en el fortalecimiento de las estructuras delictivas de ambas pandillas, así como también en la confirmación de la identidad política de los cabecillas criminales, según fiscales.
Las investigaciones motivaron a la realización de dos juicios contra mandos medios que laboraban en la Dirección de Centros Penales durante el gobierno de Funes y el presunto mediador de la tregua, el exguerrillero Raúl Mijango. En los dos juicios, los acusados salieron absueltos y el juez de la causa cuestionó por qué la Fiscalía no había procesado penalmente al expresidente Funes y a Munguía Payés.
