El fiscal General, Douglas Meléndez, confirmó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) ha girado órdenes de captura en contra de los involucrados en el derribo de un helicóptero estadounidense, hecho ocurrido el 2 de enero de 1991 en Lolotique, San Miguel.
Se trató de una violación al derecho humano internacional, en estados de guerra o conflictos internos.
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El informe de la Comisión de la Verdad detalló que los involucrados en dicho crimen formaban parte de una patrulla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) conformada por el responsable de la organización en la zona y cuatro combatientes más: Severiano Fuentes Fuentes, “Aparicio” (responsable político de dicha organización en la zona); Antonio Bonilla Rivas, “Ulises”; Daniel Alvarado Guerra, “Macaco”; Digna Chicas, “Doris”; y Fernán Fernández Arévalo, “Porfirio”.
Según el mismo informe, Severiano Fuentes también estaría relacionado con asesinatos a alcaldes durante el conflicto armado. Dichas ejecuciones se habrían llevado a cabo bajo orden directa del secretario General del ERP, Joaquín Villalobos.
Lea aquí el capítulo del Informe de la Comisión de la Verdad sobre este caso.
La Comisión de la Verdad asegura que Villalobos, junto al actual director General de Protección Civil, Jorge Meléndez (“Jonás”) formaban parte del “Núcleo” del ERP, un grupo de mando que ordenó asesinatos en contra de opositores políticos, como el poeta Roque Dalton.
Villalobos y "Jonás" están también señalados como criminales de Guerra en el Informe de la Verdad por el asesinato de alcaldes de la zona norte-oriental de El Salvador; se trató de ejecuciones sumarias de personal civil, sin fórmulas de previo juicio.
Este caso se ha convertido en el primero en el que la FGR emite órdenes de captura desde de la derogación de la Ley de Amnistía en julio de 2016.
