El gobierno salvadoreño busca recuperar US$481 millones 363 mil que presuntamente fue sustraído ilícitamente, malversado y hasta fraudes cometidos en perjuicio de ministerios y autónomas en 12 expedientes en los últimos cinco años.
De los 12 expedientes, solo dos han avanzado a la etapa final de proceso, pero los tribunales de sentencia no han podido realizar las vistas públicas por recursos interpuestos. Los otros 10 casos están en diversos juzgados de instrucción, algunos ya con etapa de investigación finalizada y con todas las pruebas presentadas, pero con peritajes claves pendiente de ser anexados. Ante la falta de esas pericias los juzgados no han podido programar audiencia preliminar ya que por haber sido autorizadas en legal forma deben esperar que los expertos las entreguen.
Pero cuatro expedientes que pasaron a la fase de instrucción, aún están con la etapa de investigación vigente. Uno de esos es el caso Centrum, referente a un contrato de permuta de armas, los acusados son los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez, quienes supuestamente favorecieron al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban, ocasionando un perjuicio económico de $2,706,472 al Estado, la fase de instrucción de esta causa penal vence en julio.
Otro de los procesos pendiente de finalizar la fase de instrucción es el que está activo en el Juzgado Tercero de Instrucción en contra del expresidente Mauricio Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé» y el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la empresa Serdelco S.A.
Según la Fiscalía, Funes y “Mecafé”, recibieron un avión a cambio de adjudicarle al guatemalteco el proyecto de construcción del puente San Isidro, del Río Lempa, entre los municipios de San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, por un monto $8.4 millones.
Mientras que los casos más recientes llegados a los Juzgados Quinto y Octavo de Instrucción son los iniciados contra del prófugo Norman Quijano (por fraude electoral y agrupaciones ilícitas) y Ernesto Muyshondt, preso en Mariona por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
Ambos exalcaldes de la capital por el partido ARENA, tiene en común procesos penales por haberse reunido con cabecillas de pandillas para supuestamente pedirles el voto a cambio de dinero y una serie de privilegios.
En los juzgados de instrucción de San Salvador, hay seis procesos esperando que se señale audiencia preliminar. El exdiputado Sigfrido Reyes y 13 imputados más, acusados de lavar $5.6 millones, conocerán hasta julio o agosto fecha de audiencia ya que el juez está esperando que se entreguen cuatro pericias, entre ellas la financiera contable.
En la misma condición está el expediente del proyecto de la presa El Chaparral y Corruptela, en el Juzgado Cuarto de Instrucción, «Saqueo Público», en el Juzgado Octavo de Instrucción y las negociaciones con pandillas donde aparece señalado Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, en el Juzgado Segundo de Instrucción.
Mientras que la causa penal por la tregua con pandillas donde son acusados Mauricio Funes y David Munguía Payés, está a la espera de que se defina fecha de audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador.
