El fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que no han recibido la resolución en físico donde la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, se declaró incompetente e indicó que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Jaime Escalante Díaz, no cometió delito al tocarle los genitales a una menor de edad sino que fue solo una falta.
Sin embargo, el jefe del Ministerio Público dijo que al tener el documento estaría procediendo a la respectiva apelación del fallo, ya que se han mostrado en desacuerdo ante esta decisión.
"Estamos a la espera de la resolución por parte de la Cámara para plantear la apelación de la mejor manera. Pero nuestra posición es clara, tocar a una niña o a un niño de manera sexual, debe ser castigado de la manera más drástica”, dijo Melara.
Al caso al que se refiere el fiscal, es a los hechos registrados el 18 de febrero en la residencial Altavista, Tonacatepeque, donde el magistrado fue acusado por una mujer quien afirmaba que él había agredido a su hija.
Según la denuncia, Escalante tomó de los hombros a una niña de diez años que jugaba en la en la calle y le tocó sus genitales. Luego, Escalante escapó mientras era perseguido por la madre de la niña y durante la huida dejó abandonado su vehículo propiedad de la CSJ.
Ese mismo día, el hombre fue capturado y quedó a las órdenes del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, para que iniciara los trámites correspondientes de ley. Quijano informó al siguiente día que el magistrado estaba en casa y que tenía asignado un empleado legislativo.
El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero constitucional que gozaba y que impedía que el magistrado Escalante Díaz fuera procesado.
Cuatro días después de la petición, en una sesión plenaria extraordinaria los diputados autorizaron que se iniciara el proceso de antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y crearon una comisión especial.
El 1 de marzo anterior, la comisión especial dictaminó que era procedente levantarle la inmunidad al magistrado Escalante Díaz.
Defensores de derechos humanos presentan aviso ante FGR
Por su parte, defensores de los derechos humanos presentaron un aviso ante la FGR para que se investigue a los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, de la Cámara Primero de lo Penal que interpretaron que tocar los genitales de una niña no es delito.
Con esta medida, los defensores buscan establecer si los magistrados cometieron prevaricato, es decir, dictar una resolución a sabiendas que es contraria a la ley.
Según la abogada, Bessy Ríos, la Cámara está haciendo un cambio de delitos sexuales a tocamientos impúdicos… que es el delito que le imponen a parejas cuando realizan actos sexuales en plena vía pública, “ahí estamos hablando dos adultos o dos menores que de su propio consentimiento se están haciendo esos tocamientos, ese no es el caso, es una niña de 10 años”
“Estamos dejando a nuestros niños y nuestras niñas indefensas. Desde nuestra perspectiva han dado una solución contraria al derecho, debemos de recordar que ya hay un antecedente de la cámara tercera que ya ha condenado a un sujeto por tocar a una menor en un mercado”, sostuvo.
