Por redacción ContraPunto
En un revés judicial de gran impacto para la política migratoria estadounidense, un juez federal de Estados Unidos dictaminó recientemente que decenas de ciudadanos venezolanos que fueron deportados en 2025 y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador tienen el derecho de regresar a territorio estadounidense para continuar sus procesos migratorios, incluyendo solicitudes de asilo, si ellos así lo desean.
¿Quién es el juez y qué ordenó?
El fallo fue emitido por James E. Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Boasberg ha sido clave en esta serie de litigios contra la administración del presidente Donald Trump por las políticas migratorias aplicadas durante 2025. En su resolución, el magistrado determinó que el gobierno norteamericano violó los derechos constitucionales de estos migrantes al deportarlos y enviarlos a una prisión en El Salvador sin otorgarles un debido proceso legal adecuado para impugnar las acusaciones en su contra antes de la expulsión.
La decisión judicial no solo reprocha el procedimiento migratorio irregular, sino que obliga al Ejecutivo a facilitar el regreso de los venezolanos al país o, alternativamente, ofrecerles las herramientas procesales necesarias —como audiencias o recursos de hábeas corpus— para continuar sus casos desde el extranjero. Además, la administración estadounidense deberá cubrir los costos de traslado para quienes decidan regresar desde terceros países hacia los Estados Unidos.
deportaciones a El Salvador y la situación de los venezolanos
En marzo y abril de 2025, la administración Trump deportó al menos 238 venezolanos hacia El Salvador, donde fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad conocida por sus duras condiciones y múltiples denuncias de abusos. La medida se basó en la controvertida invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto de la era de independencia de Estados Unidos usado por primera vez en décadas en este contexto migratorio.
De ese grupo original, un número significativo —incluidos los 137 hombres específicamente identificados en el último fallo judicial— fueron expulsados sin oportunidad de defenderse ante un tribunal antes de la deportación, aspecto que fue central en la argumentación del juez Boasberg para ordenar su retorno o la provisión de un proceso justo.
Aunque la mayoría de los deportados pasaron varios meses detenidos en el CECOT y posteriormente fueron trasladados de vuelta a Venezuela como parte de un intercambio diplomático de prisioneros entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela en julio de 2025, sus casos migratorios ante las autoridades estadounidenses seguían abiertos o pendientes de resolución cuando fueron deportados —incluyendo solicitudes de asilo que habían superado fases iniciales de evaluación de “miedo creíble”.
¿Cuántos venezolanos hay y quiénes pueden regresar?
- El total de venezolanos deportados y enviados al CECOT en 2025 fue de al menos 238 personas.
- En diciembre de 2025, un tribunal federal certificó una demanda colectiva en nombre de alrededor de 200 migrantes, dando paso a la orden que hoy obliga al gobierno a facilitar procesos legales o el retorno.
- En el fallo más reciente, Boasberg se centró en aproximadamente 137 hombres deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, considerando que ellos aún tienen derecho a continuar impugnando las acusaciones en tribunales estadounidenses.
¿Están dispuestos a regresar para continuar su trámite de asilo?
Los testimonios y declaraciones públicas de algunos de los afectados muestran una variedad de posturas:
- Muchas de estas personas —o sus representantes legales— han expresado su interés en regresar a Estados Unidos para recuperar el debido proceso y poder defender sus casos de asilo o impugnar la base de su deportación.
- Sin embargo, no todos desean regresar; algunos han declarado desconfianza hacia el sistema estadounidense tras lo vivido, y prefieren continuar sus vidas desde otros países o incluso desde Venezuela, temiendo revivir experiencias traumáticas o incertidumbres legales si regresan.
Implicaciones legales y políticas
Este fallo judicial representa un duro golpe a la estrategia migratoria de la administración Trump, que desde 2025 ha buscado restringir de manera agresiva las rutas de inmigración y asilo. La decisión de Boasberg subraya la importancia del debido proceso constitucional, incluso en contextos políticos y de seguridad nacional complicados.
El Departamento de Justicia estadounidense ya ha anunciado su intención de apelarlo, defendiendo las deportaciones como parte de su interpretación de las leyes migratorias en el marco de seguridad nacional. La disputa legal podría prolongarse, llevando eventualmente el caso a instancias superiores del sistema judicial estadounidense.
FUENTES , CNN CHILE , YAHOO NOTICIAS ,TELEMUNDO , EL NACIONAL ,
