Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a la Procuraduría General de la República (PGR) firmaron este miércoles un acuerdo en el cual se comprometen a garantizar y facilitar la asistencia legal a privados y privadas de libertad.
“Estamos renovando un compromiso que garantice y facilite los derechos constitucionales de los privados de libertad en los centros penitenciarios del país”, dijo el director policial, Howard Cotto.
Por su parte la procuradora general, Sonia de Madriz afirmó que la PGR trabaja bajo lo que dicta la Constitución de la República, por lo que actuaran bajo el principio de inocencia para brindar a los reos este tipo de ayuda.
Un reciente estudio sobre centros penitenciarios realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), revela que a algunos de los privados de libertad se les atribuyen delitos, por lo que ante “la probable responsabilidad” los jueces dictan una reclusión mientras dure una investigación del referido ilícito.
Sin embargo la investigación señala que en la última década el país ha tenido un avance significativo en la reducción de reos sin condena.
“No obstante la disminución del porcentaje de personas detenidas provisionalmente, no necesariamente, ha significado una disminución en la población carcelaria, puesto que los porcentaje de las personas sin condena es directamente proporcional a los que cada año poseen una sentencia”, reza el estudio.
