El exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, enfrenta una audiencia probatoria en el Tribunal de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, donde es acusado de enriquecimiento ilícito por un monto de $71,736.62. Este proceso legal busca determinar si Martínez se benefició ilegalmente de fondos estatales durante su gestión entre 2012 y 2015.
Irregularidades detectadas en su patrimonio
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sección de Probidad, ordenó el 29 de noviembre de 2016 iniciar el juicio contra Martínez tras detectar irregularidades en sus finanzas. Entre las anomalías encontradas destacan diferencias negativas entre sus ingresos y egresos, así como pagos de deudas y tarjetas de crédito no justificadas.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía busca que Martínez sea obligado a devolver al Estado el monto con el que presuntamente se enriqueció ilícitamente. Asimismo, pretende que sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos en caso de ser declarado culpable.
Avances del juicio civil
El caso fue admitido en 2018 por la Cámara de lo Penal y, tras años de procesos judiciales, ha llegado a su etapa final. Durante la audiencia probatoria, el Ministerio Público presentó una pericia financiera que evidencia un incremento patrimonial no justificado durante la gestión de Martínez como fiscal general.
El exfuncionario, por su parte, presentó pruebas para justificar su patrimonio y ejerció su derecho de defensa en la audiencia. La decisión final del tribunal definirá si Martínez incurrió en enriquecimiento ilícito.
