La exdiputada por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Cristina López arremetió contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, luego que saliera a la luz caso de “plazas fantasmas” en el parlamento salvadoreño.
En este sentido, se defendió de las acusaciones que Ponce hizo en su contra y confirmó el pago de las plazas fantasmas en la institución.
“Mario Ponce diciendo que yo había desfalcado el Estado, y él regalando 35 mil dólares a cada personas que no llegaban a trabajar”, recalcó la exfuncionaria.
Además calificó de “chuchos” y “cerdos”, a la cúpula del PCN; quienes le cerraron las puertas en la Asamblea Legislativa, pero la querían de candidata para las elecciones del pasado 28 de febrero para sacar más votos al partido; pero que siguen cobrando una plaza de la exlegisladora y únicamente le cambiaron de nombre.
“Ellos son tan chuchos y cerdos, que esa plaza la siguen cobrando y sino que el Fiscal le de la información real, solo cambió de nombre”, señaló.
López, quien vive en Estados Unidos desde mayo de 2019, dijo estar trabajando en un hospital en el país norteamericano.
“Como dicen por ahí, estoy dándome la gran vida. Estoy en un hospital, jugándome la vida también”, mencionó, antes de recordar cómo hace un año se le acusó de haber desfalcado al Estado, luego que su partido, el Partido de Conciliación Nacional (PCN), admitiera que le habían pagado un salario de $2,000 como asesora del partido, pese a que ya no vivía en el país.
Ponce, se desligó del surgimiento de las “plazas fantasmas” en este Órgano de Estado y aseguró que la responsabilidad recaería en cada uno de los empleados legislativos y en los grupos parlamentarios, al atender de forma correctas las labores que les toca desempeñar.
“El problema está en el control que los grupos parlamentarios debían de tener y ahí no se mete la parte institucional, esta Presidencia no se mete en las decisiones de los grupos parlamentarios”, sotuvo.
Explicó, que la modalidad que se ocupa para las contrataciones de personal en cada bancada, es mediante una propuesta y se adquieren los servicios de acuerdo al monto asignado por cada grupo parlamentario.
Pero si se trata de trabajadores institucionales, es diferente el control de la entrada y de estos, donde no lo tienen son en los que tiene cada grupo parlamentario.
Agrega que el personal institucional cumple su horario de trabajo, "tanto acá como en las oficinas departamentales hay control”.
De acuerdo al presidente legislativo, serán los grupos parlamentarios los que deberán responder en las auditorías y no la parte institucional.
“Mi obligación llega hasta contratarles el personal”, expresó.
El pecenista recuerda que, en enero de 2020, se aprobó un decreto de retiro voluntario para empleados institucionales, no de grupos parlamentarios para disminuir carga de planilla, pero que solo 14 personas se acogieron a la ley transitoria.
Los beneficiarios recibirían una compensación calculada en base a su salario mensual, con un máximo de $35,000.
También, menciona que el plazo de contratación de los empleados de grupos parlamentarios finaliza el 30 de abril de 2021.
