La contratación desmesurada de personal en la Asamblea Legislativa, obligó a la Junta Directiva a aprobar una Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados por Empleados, Empleadas y Funcionarios del Órgano Legislativo.
El presidente del Palacio Legislativo, Mario Ponce, espera que más de cien empleados puedan acogerse a este decreto, para bajar la presión en el presupuesto que tiene asignado para el presente ejercicio fiscal y que asciende a $58.3 millones.
Hasta el 31 de octubre del año pasado, habían 1,113 empleados institucionales y 1,254 en los grupos parlamentarios.
El problema en que incurre la Asamblea es que, aprueban decretos de retiro voluntario y en un par de meses ya han contratado nuevo personal que, entra para un determinado partido político y luego lo pasan al área institucional, como una forma de blindarlo para que no sea despedido.
En el 2009, la Asamblea tenía 780 empleados. Diez años después sumaban 2,440; entre estos 500, que aseguró en su oportunidad el diputado de ARENA Norman Quijano, contrató Guillermo Gallegos de GANA cuando estuvo al frente de la presidencia (2016-2018).
Hace un par de días, Gallegos fue demandado por el partido Nuestro Tiempo, ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), por nepotismo, luego que contratara a varios parientes.
En su defensa, el diputado de GANA, asegura que ciertamente esas personas trabajan en la Asamblea, pero niega haberles dado una plaza y sostiene que fueron empleados hace más de 14 años por el entonces presidente del Congreso, Ciro Cruz Zepeda, del otrora Partido de Conciliación Nacional (PCN) (2000-2011).
Lo cierto es que el desmedido número de empleados, que en su mayoría es por afinidad partidaria, tiene “ahogada” a la Asamblea en términos presupuestarios. Por otra parte, el decreto avalado el pasado jueves en el pleno, no termina de convencer a los empleados que fueron consultados por ContraPunto.
Un trabajador que por razones obvias pidió la reserva de su nombre comentó que ese decreto favorece a quienes están por jubilarse pero no al resto de emplerados.
“Yo tengo diez años de trabajar aquí y siguen contratando gente y metiéndola en los grupos parlamentarios y después los pasan como institucionales y eso, siempre ocurre cuando hay nuevo presidente en la Asamblea”, comentó.
Y trajo a cuenta que las contrataciones siguen. “Para nadie es desconocido que aquí cualquier diputado apadrina a alguien y lo mete con buenos salarios y no hacen nada”, se quejó.
El decreto aprobado por el pleno establece que los empleados con un salario de hasta $1,500, se le otorgará hasta un máximo equivalente a veinte salarios.
Empleados con salario entre $1,500 hasta $2,500, se le dará hasta un máximo equivalente a quince salarios.
Empleados con $2,500.01 en adelante, se les otorgará un máximo de doce salarios.
Esta ley transitoria es solo para empleados institucionales y deja fuera a los que pertenecen a fracciones legislativas, que es donde está el mayor número de contrataciones.
Quienes se acojan al mismo, no podrán ingresar a laborar a la Asamblea hasta que hayan pasado cinco años. Las plazas que queden vacantes serán congeladas durante el presente año.
El monto de la compensación económica, que tiene un techo de $35,000. Se pagará en tres cuotas trimestrales.
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 16 de marzo, pues los efectos de la ley fenecen el 31 del mismo mes.
Cuando Quijano fue presidente de la Asamblea, manifestó que si los los partidos que están excedidos en sus plazas respetan la proporcionalidad que deberían tener por el número de diputados, el presupuesto de la Asamblea podría disminuir en aproximadamente $4 millones.
Esto fue una indirecta para GANA y el PCN, pues la Asamblea erogaba en remuneraciones por ambos partidos $2.3 millones y $2.5 millones al año respectivamente.
Sin embargo ARENA tampoco sale bien librada, pues los mismos grupos parlamentarios señalados por el tricolor, dijeron que la planilla de los areneros no aparecía “inflada”, porque su personal lo pasó Quijano al área institucional antes que terminara su gestión como presidente, el 31 de octubre de 2019. Estiman que al menos 70 empleados fueron trasladados.
El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ya ha adelantado la necesidad de hacer una auditoría interna para evaluar tanto al personal de los grupos parlamentarios como institucional, con ello; se pretende suprimir aquellas plazas que no sean necesarias o que el empleado no reúna el perfil para ocupar determinado cargo.
