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lunes, 06 de diciembre del 2021

Estados Unidos y Guatemala atentan contra el Estado de derecho

Este acuerdo es una violación al derecho de las personas a solicitar asilo en el paí­s en el cuál se sientan seguras, y contraviene la convención del estatuto sobre los refugiados

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Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos informaron la suscripción de un “acuerdo de asilo“. El acuerdo establece que las personas que transiten por Guatemala no puedan solicitar asilo en EE. UU., puesto que debieran haberlo hecho en Guatemala, y que si llegan a Estados Unidos, serán regresados a Guatemala. El acuerdo excluye a los menores no acompañados y a las personas que ingresen a Estados Unidos con visa. Dicho acuerdo ha sido anunciado a pesar de decisiones judiciales contrarias en ambos paí­ses. Al respecto, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas, emite la siguiente declaración:

“Este acuerdo desconoce las decisiones judiciales de ambos paí­ses y es el resultado de amenazas arancelarias a un paí­s altamente dependiente de los Estados Unidos de América en el plano comercial. Además, ignora la capacidad institucional para procesar solicitudes de asilo y las condiciones de inseguridad de Guatemala, que ciertamente no es un paí­s seguro. El acuerdo es contrario a la Constitución de Guatemala, a la legislación sobre migración y asilo de Estados Unidos, y a tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre refugiados, ratificados por los dos paí­ses.

El 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal de justicia del paí­s- resolvió un recurso de amparo en relación a la facultad del Ejecutivo para suscribir este tipo de acuerdo con Estados Unidos. La Corte estableció que, dado que el acuerdo generarí­a nuevas obligaciones para el Estado, debí­a someterse al procedimiento de aprobación en el Congreso. Sin embargo, hoy el gobierno de Jimmy Morales anunció que avanzaba la negociación con Estados Unidos para evitar las repercusiones económicas y sociales, y en la tarde firmó el acuerdo.

Además, el 24 de julio, un juez federal en San Francisco, California, suspendió la aplicación de la regla de asilo que agregaba el requisito de haber solicitado asilo en un paí­s en tránsito, para quienes hayan ingresado a través de la frontera sur. La decisión judicial se fundamentó en la ilegalidad de la regla y en las condiciones de seguridad en México y Guatemala, que no podrí­an ser considerados paí­ses seguros para los solicitantes de asilo, y que no cuentan con la infraestructura y personal para responder a un incremento significativo de las solicitudes de asilo. 

Por otra parte, y como lo han dicho las cortes, este acuerdo es una violación al derecho de las personas a solicitar asilo en el paí­s en el cuál se sientan seguras, y contraviene la convención del estatuto sobre los refugiados. Guatemala no es un paí­s de asilo. Más de 30 mil guatemaltecos han solicitado asilo en Estados Unidos, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Las condiciones de seguridad y la economí­a de Guatemala, hacen casi imposible que los solicitantes de asilo puedan establecerse de forma segura en Guatemala. 

A pesar de ello, desconociendo e irrespetando las órdenes judiciales en Guatemala y en Estados Unidos, Trump amenazó con la imposición de nuevos aranceles comerciales a productos guatemaltecos sino suscribí­a este acuerdo. Nuevamente, la administración Trump demuestra su rechazo y discriminación contra las personas que necesitan protección, especialmente contra las personas provenientes de Latinoamérica. Este es una clara decisión motivada por prejuicios racistas y xenófobos que forma parte de la agenda de supremací­a blanca que impulsa el presidente Trump, y a la cual seguirá acudiendo como parte de su campaña de reelección en 2020. Además, reitera la incapacidad de este gobierno de entender que la única forma en que las personas no se verán obligadas a dejar sus paí­ses de origen es cuando encuentren las condiciones que les permitan vivir seguros en ellos. 

Este acuerdo contribuye a la erosión del Estado de Derecho en una nación frágil, presionando a un presidente débil a firmar un acuerdo a pesar de la decisión del más alto tribunal constitucional del paí­s. Justamente, son estas arbitrariedades las que expulsan a las personas de paí­ses centroamericanos, incluyendo Guatemala. 

Rechazamos esta decisión, que más que un acuerdo es un acto de extorsión, contrario al Estado de derecho en las dos naciones firmantes. Cada dí­a la administración Trump busca nuevas estrategias para socavar el Estado de Derecho, para mantener su discurso racista y xenófobo, y erosionar el asilo, un pilar de la protección internacional. Sin embargo, mientras se sigan ignorando las causas de origen de los éxodos, estos continuarán. La medida de hoy, en vez de contribuir a superar las condiciones que expulsan a tantas personas de sus paí­ses y a buscar asilo, conllevará a que más personas se vean forzados a salir de Guatemala”.

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