Por René Martínez Pineda.
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Los planteamientos de la que llamo, “criminalidad narrativa”, fueron -y son- una práctica política conspirativa de los gobiernos, de 1995 a 2019, y de los medios de comunicación que viven de las víctimas, desde 2010 (año en el que catorce personas fueron quemadas, vivas, al interior de un microbús), y cualquier alusión a dichas víctimas es sólo para fortalecer su condición de inevitable. Y es que, en la narrativa del victimario, la víctima es un significado hueco, endeble y desprovisto de identidad, es una condición preexistente, y es, además, un ser ausente o vacío en lo sociocultural. Como producto de lo anterior, la víctima fue presentada como una experta y abnegada sufridora, y fue descrita como un significante ausente que no conocía el límite de la frontera entre el bien y el mal, y, por ello, era un ser frágil o un espectro que se movía en ambos lados de la frontera.
La criminalidad narrativa -que victimiza a las víctimas, en lo simbólico, porque vive de éstas- siempre busca crear falsas relaciones para sostenerse como tal y, en la actualidad, lo hace para volver a esa realidad de violencia social que sometía a toda la población. En esa línea, la falsa relación que maneja la narrativa del victimario es la afirmación de que existe “una relación directamente proporcional entre pandillas y democracia”, esgrimiendo que, en los años anteriores a la gestión de Nayib Bukele, se tenía pandillas y se tenía democracia (la llamada “democracia perfecta”), y que ahora “no hay pandillas y (por ello) no hay democracia”, lo cual es un absurdo teórico y moral que fue rematado con la tesis de que: “se vivía mejor con las pandillas dominándolo todo”.
Por antonomasia, las relaciones antagónicas que son entrañables en la narrativa del victimario, imponen límites geográficos y comprensivos inamovibles, en los que la presencia del victimario supone, e impone, la ausencia de la víctima, tanto en el discurso como en el territorio. No obstante, esa es una ausencia que existe, porque el uno depende de la otra. En el caso salvadoreño, las víctimas eran las proveedoras de oficio, en tanto ponían los muertos y, además, las fotos e historias de sobrevivencia, con las que los testaferros del crimen (medios de comunicación sin ética y ongs pervertidas) captaban fondos internacionales para “atenderlas”, no para que el país superara esa situación de violencia, o sea que se dedicaban a “coser la herida dejando intacto el cuchillo que la causó”.
En términos sociológicos, las presencias y ausencias impuestas por la narrativa del victimario, derivó en la construcción de una “hegemonía de la criminalidad”, pues se quiso imponer como algo normal, natural, necesario e ineludible la existencia de las pandillas y, con ello, la figura del pandillero asumió un papel de agente político y social con prestigio (hasta se les besó los pies en público y daban conferencias de prensa), pervirtiendo las relaciones sociales civilizatorias. Así, ese tipo de hegemonía (sustentada en la criminalidad narrativa que volvía a victimizar a la víctima) se construyó tergiversando, o pervirtiendo, los significados sociales de la delincuencia, pero para poder tener éxito fue necesario que, de facto, los victimarios fueran investidos como “gendarmes” del territorio y agentes político-sociales con aura mediática (funcionarios invisibles del Estado y encomenderos políticos, en las elecciones), rodeándolos de un soporte afectivo (el garantismo penal traducido a garantismo social, es decir la aceptación de su existencia, por parte de las víctimas). Como parte del soporte afectivo, el victimario fue -y es- romantizado en la narrativa de algunos periodistas y en los discursos políticos conspirativos, en aras de que los delincuentes contaran con la solidaridad mecánica de las víctimas, con quienes edificaron (por las malas) una red de apoyo en los municipios que, en los años más peligrosos, llegó al límite de lo impresionante.
Al armar el rompecabezas de la delincuencia con las piezas del victimario, se invisibiliza a la víctima y se silencian sus demandas. Sin duda, la víctima sólo se puede reconstruir, en su identidad y necesidades, cuando se expresan y resuelven sus demandas urgentes, las que eran expresadas (como clamor popular) en todas las encuestas de opinión del período 2000 a 2019. Sin embargo, debido a que el interés político, económico y social era que el país siguiera siendo “la capital de la muerte”, las demandas de las víctimas fueron aisladas y encriptadas en el imaginario popular, para que, en un acto macabro de revictimización, rezara el “yo, pecador”. Hay que destacar que, en los gobiernos de ARENA-FMLN, la súplica aislada de las familias de las primeras víctimas de la delincuencia, se fue convirtiendo en una demanda social que no tuvo eco, ni dentro ni fuera del país, y lo único que dejó claro -durante treinta años- es que éstas tenían que aceptar, como virtud común, el sufrimiento en este mundo… y en el otro. No obstante, esa infame virtud global fue mutando, como acumulación de fuerzas en silencio, en una contrahegemonía que se materializó, en 2019, en una auténtica rebelión electoral que no sólo le puso fin al bipartidismo que reproducía una sociedad del miedo, sino también y sobre todo, al Estado Delincuencial que fue erigido a imagen y semejanza del victimario.
