Organizaciones sociales aglutinadas a la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), solicitaron este martes a la Asamblea Legislativa que conforme una comisión especial para que evalúe el actuar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a propósito de sus resoluciones y se proceda a su destitución.
“Consideramos que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han venido violentando la Constitución, afectando la independencia de poderes, entrometiéndose en facultadas de otras instituciones estatales y violando derechos consagrados en la Constitución”, expresó Leonel Herrera, miembro de ASGOJU.
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ASGOJU pide la destitución de los magistrados Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González. La organización sostiene que acciones de la Sala como la anulación de los diputados suplentes, invasión a la competencia de los Órganos Legislativo y Ejecutivo, y decretos que “no redundan beneficios colectivos”, son graves decisiones que reflejan favorecer intereses económicos y responder a una agenda política.
Entre las últimas resoluciones cuestionadas se encuentra la de los carriles del STRIAMSS. “Es una cosa que ya raya en picardía. Si se analiza el caso, [la Sala] rechazó dos veces la petición de medida cautelar y luego la considera en una tercera como una venganza porque se solicita que se recusara a los magistrados de conocer el caso. Ya no hay ninguna lógica jurídica”, añadió Herrera.
La petición fue respaldada por el partido FMLN y por la diputada Jakeline Rivera, quien afirmó que la Asamblea Legislativa tiene facultades para investigar y determinar si un funcionario electo por ese Órgano de Estado está cumpliendo y respetando la Constitución.
“Todas sus resoluciones, las más recientes, especialmente las de la Sala, no tienen ningún asidero constitucional. La última es la del SITRAMSS. No hay manera de debatir lo jurídico de esa resolución porque no tiene asidero constitucional, son decisiones políticas que emanan de mandatos a quien ellos responden”, expresa Rivera.
La parlamentaria afirma que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien también puede pedir la apertura de un antejuicio contra funcionarios como los magistrados, pero hasta el momento, no ha habido acción de parte del Ministerio Público.
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“Al tener una actitud pasiva de parte de la FGR, la sociedad tiene que hacer uso de los instrumentos que la Constitución le da, que es el derecho a pedir que las instituciones pertinentes actúen cuando se advierte que hay funcionarios que se están excediendo en sus funciones”, añade.
La legisladora informó que se requieren 43 votos, es decir, mayoría simple de la Asamblea Legislativa para conformar dicha comisión especial. De concretarse su destitución, este medio preguntó quiénes sustituirían a los cuatro magistrados.
“Cualquiera, las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Se destituye a un funcionario y se pone a otro. Abogados tenemos suficientes en este país”, respondió Rivera.
