El analista y consultor político, Paul Steiner, aseguró en su última videocolumna para ContraPunto que la captura del empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, por un supuesto caso de corrupción y tráfico de influencias en el que también estaría involucrado el expresidente Mauricio Funes, debe ser motivo de alegría, pues el caso trascendió de ser un “chambre” a un caso judicializado.
“Es buena noticia comenzar a ver que ya se está judicializando todo el “˜chambre”™ que tuvimos hace dos años, porque eso fue a lo que llegó; ahora que ya estamos con acusaciones formales al fin vamos a poder ver que esto entre al caso a la justicia de El Salvador”, celebró Steiner.
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Mecafé ha sido señalado por investigaciones periodísticas de haberse beneficiado con contratos para su empresa de seguridad durante el gobierno de su amigo, Mauricio Funes, quien también es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta malversación de $300 millones de dólares reorientados a Casa Presidencial para supuestamente alimentar la denominada “partida secreta” de gastos reservados. Además, es investigado por posible enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
“Hay muchos que dicen que Funes es culpable; hay muchos que lo defienden todavía; hay muchos que dicen que qué importa porque el dinero nunca va a regresar. Lo más importante es garantizar que el dinero [del Estado] regrese”, dijo el analista.
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La FGR además habría girado 28 órdenes de captura por delitos vinculados a la corrupción y a la investigación penal que sigue el Ministerio Público contra Funes, actualmente asilado en Nicaragua. Preliminarmente se conoció que también han sido detenidos exfuncionarios del gobierno Funes, y familiares de Ada Michelle Guzmán, esposa del exmandatario.
No obstante, para Steiner, para permitir la consecución de la justicia en los casos de corrupción, la Asamblea Legislativa debe desentrampar y facilitar leyes que permitan el combate contra dichos crímenes, garantizando que sean delitos sin prescripción a fin de que sean investigados sin importar la fecha en que fueron cometidos.
“El problema es que no se puede ir para atrás [para judicializar a anteriores mandatarios] mientras todos estos diputados de la Asamblea Legislativa no legislan en relación a que los delitos de corrupción y delincuencia económica nunca deben de prescribir, porque son delitos que causan daños de lesa humanidad a la sociedad salvadoreña”, opinó Steiner.
Por su parte el Gobierno ha alentado a la FGR a realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades si las hay.
“Nosotros no nos damos por aludidos en esto, tanto que, puede ser que haya un fin en todo esto, pero lo que sí es cierto es que las investigaciones deben de hacerse, y si hay suficientes elementos probatorios para determinar que una persona resultó responsable, simplemente debe aplicarse la justicia”, dijo Roberto Lorenzana, Secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, durante una entrevista televisiva este miércoles.
Funes fue el primer presidente de izquierda en El Salvador y gobernó durante el período de 2009-2014. Actualmente reside en Nicaragua, donde se encuentra asilado por una supuesta “persecución” en su contra por parte de la FGR, ha denunciado en su cuenta de Twitter.
