Por primera vez en catorce años, la Defensoría del Consumidor (DC), entregó a tres empresas nacionales, un reconocimiento público por su adhesión al “Manual de Buenas Prácticas para la Protección de los intereses de las Personas Consumidoras en sus relaciones con los proveedores”.
La Defensoría tiene entre sus competencias, fomentar entre los proveedores la adopción de normas y políticas para prevenir infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, garantizar una mejor atención a los clientes y otorgar reconocimientos a las personas, empresas o entidades que se distingan por el respeto, protección y ayuda al consumidor, manifestó Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.
Los proveedores distinguidos son: ECO Hotel Mariscal, el tour operador ECO Mayan DMC y la estación de servicio Texaco El Mirador, empresas que se convierten en las primeras en asumir el desafío público de atención responsable, diligente y respetuosa de los derechos de los clientes de bienes y servicios.
Salazar explicó que un atributo de este manual es la adhesión voluntaria por parte de los agentes económicos, cuyo espíritu es promover prácticas empresariales respetuosas de los consumidores, e introducir un distintivo de calidad en los productos y servicios que prestan; así como prevenir infracciones a la ley y elevar el nivel de atención a los consumidores.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, instó al sector empresarial a sumarse a esta iniciativa y adoptar el manual de buenas prácticas como una herramienta de trabajo y, potenciar la armonía, certeza y seguridad jurídica en las relaciones con los consumidores.
La Defensoría del Consumidor nace con la aprobación de la Ley de Protección al Consumidor el 18 de agosto de 2005, e inició sus labores el 8 de octubre del mismo año al entrar en vigencia la Ley de Protección al Consumidor. Asimismo el Reglamento de Protección al Consumidor se aprobó el 12 de mayo de 2006. Esta nueva Ley, mediante la cual se crea la Defensoría del Consumidor, como una Institución autónoma, a diferencia de la Dirección de Protección al Consumidor (DPC) que dependía del Ministerio de Economía.
