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viernes, 23 de julio del 2021

Entran de lleno a estudiar proyecto por desplazamiento forzado

La Unidad de análisis de la Asamblea presentó un diagnóstico para comenzar a crear la ley que debió aprobarse en enero pasado según resolución de la Sala de lo Constitucional.

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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, comenzó hoy a estudiar una propuesta  de ley especial para la declarar la ausencia de personas ví­ctimas de desaparición forzada.

El esquema que elaboró la técnica, contempla disposiciones generales, derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado, fases para la atención y protección integral a personas desplazadas internamente, sistema nacional de atención y protección integral a personas desplazadas internamente, presipuesto y disposiciones finales.

Está compuesta de 69 artí­culos. En el anteproyecto se deja claro que lo que se busca con la normativa, de ser aprobada es reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento forzado interno, y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo, mediante el establecimiento de procedimientos de prevención y articulación de un sistema de atención eficiente y con enfoque humanitario que incluya soluciones duraderas.

La iniciativa que fue discutida en la comisión, establece que ante la inminencia de una violación de derechos humanos que pueda producir el desplazamiento de personas o comunidades, se deberán adoptar acciones, planes y programas orientados a desactivar las amenazas y mitigar los efectos de su ocurrencia.

También, las autoridades locales y las entidades encargadas de la prevención deberán adoptar medidas para identificar las causas que generan el desplazamiento forzado, y para tales fines crearán o ajustarán las polí­ticas, planes o programas que sean necesarios para que vuelva a ocurrir la migración de las personas y sus grupos familiares.

Queda claro que las personas desplazadas tienen derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria durante y después del desplazamiento.

La Sala de lo Constitucional en julio de 2018 ordenó al Estado reconocer el desplazamiento forzado como un problema grave. Además  dio seis meses a la Asamblea para que reconociera esta situación y creara una partida especial que estarí­a contemplada en el Presupuesto General de la Nación. El plazo venció el 13 de enero de este año.

Los diputados están conscientes que no han cumplido lo ordenado por el tribunal constitucional y por eso están contra reloj para aprobar la normativa a la brevedad.

Ha quedado pendiente que se llame al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para tratar el punto sobre el presupuesto que se necesitará para impulsar la ley una vez entre en vigencia.

El problema de la migración forzada

Óscar Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, señaló que el problema de la inseguridad  y de la violación de derechos conlleva  a un factor crí­tico de la migración. En los 90 se observó una migración más económica, de hombres jóvenes; ahora se percibe la migración de grupos familiares  por desplazamiento forzado.

“Si atacamos solo el tema de la seguridad con medidas represivas, pero no estamos atendiendo las causas de la desigualdad, no es una buena polí­tica- Puede tener impacto en el corto plazo pero la sostenibilidad será difí­cil”, advirtió.

Abraham Ábrego, director del programa de atención a ví­ctimas en Cristosal, externó su preocupación porque  a la fecha no se cuenta con una ley para atender a personas afectadas por el desplazamiento forzado por la violencia.

“Llevamos alrededor de seis meses fuera del plazo y entonces hablamos de un incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional”.

Entre 2017-2018 más de 235 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares para proteger sus sus vidas por las amenazas de grupos criminales y otras veces por las mismas autoridades de seguridad, con base a un estudio elaborado por las organizaciones de la sociedad civil sobre casos de desplazamiento forzado por la violencia.

Ábrego explicó que solo Cristosal en 3 años ha atendido a 1,500 personas afectadas por desplazamiento forzado. El problema es grave agregó, por eso urge una ley con su respectivo presupuesto para atender a las personas o familias afectadas.

 

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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