En un comunicado, los obispos indicaron que la decisión fue tomada por una comisión mixta (tres delegados del presidente Daniel Ortega y tres opositores) que se reunió este lunes, en medio de violentos disturbios y enfrentamientos en una zona céntrica de Managua.
Las partes “expresaron su disposición a reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización”, señaló el informe de la Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional.
El Gobierno se negó el miércoles pasado a discutir el tema de la democratización y lo calificó como "una ruta hacia el golpe de Estado", pues planteaba reformar la Constitución y adelantar las elecciones presidenciales de 2021, entre otros cambios gubernamentales.
En su acuerdo de hoy, el Gobierno y los opositores instaron “al cese inmediato de toda forma de violencia y al cumplimiento de las recomendaciones” de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país este mes.
La Alianza Cívica se comprometió a hacer esfuerzos hacia la flexibilización de los “tranques” (bloqueos de carreteras) en el interior del país por parte de campesinos que apoyan las protestas contra el Gobierno.
Las partes también condenaron los ataques armados contra la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la emisora oficialista “Nueva Radio Ya” ocurridos este lunes en la transitada zona comercial de Metrocentro, donde policías antimotines dispararon contra civiles, según constataron los periodistas.
Asimismo, llamaron a cesar “toda agresión” contra cualquier medio de comunicación e instaron a los medios que propagan noticias falsas e instigan a la violencia a abstenerse de hacerlo.
Nicaragua vive una aguda crisis política que comenzó en abril con una protesta de estudiantes por una reforma al Seguro Social -ya derogada-, que afectaba a trabajadores y jubilados y que se extendió por la violenta acción de policías y paramilitares.
Como resultado de las protestas murieron 22 personas según el Gobierno y al menos 79 según la CIDH, en su gran mayoría estudiantes. La CIDH, que llamó al Gobierno a cesar la represión y disolver los grupos paramilitares, contabiliza además 868 heridos y 438 detenidos del 18 de abril al 24 de mayo.