Un elemento fundamental para la pandemia del COVID-19 ha requerido de medidas sanitarias fuertes, que han impactado la dinámica de la actividad económica. En Estados Unidos, los despidos temporales por la pandemia del coronavirus suman 45.7 millones de personas.
Lamentablemente, en El Salvador no tenemos un sistema de estadísticas laborales que nos permitan monitorear la evolución de este indicador fundamental en cuanto al desempeño económico de los países. Sin embargo, se pueden hacer aproximaciones a partir de diferentes instrumentos estadísticos y registros administrativos con los que se cuentan y que permiten construir un panorama general, aunque no tan actualizado de las tendencias del empleo.
El primer instrumento es la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), realizada anualmente por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). Este instrumento nos permite tener un abordaje general en cuanto a los niveles de ocupación. Para 2019, la EHPM muestra que, del total de la población salvadoreña, el 74.5% se encuentra en edad de trabajar (PET) y que, de esta, el 62.2% es considerada como Población Económicamente Activa (PEA), es decir, que tiene un trabajo remunerado o se encuentra activamente buscando un trabajo remunerado. 2.9
A esta proporción la PEA con respecto a la PET se le denomina tasa global de participación y comienza a reflejar una de las profundas desigualdades de la estructura laboral del país. La tasa global de participación de hombres es del 80.5%, es decir que, de cada 10 hombres en edad de trabajar, 8 tiene un trabajo remunerado o están buscándolo. Por su parte, esta tasa global de participación en mujeres es del 46.8%, lo que implicaría que cerca de la mitad de las mujeres en edad de trabajar estarían consideradas como económicamente inactivas. Estas categorías invisibilizan una realidad de exclusión y desigualdad en la distribución de los tiempos de trabajo, ya que al analizar los motivos del por qué las mujeres no se encuentran realizando trabajos remunerados, más de 1 millón de mujeres lo hacen por realizar trabajo doméstico o por obligaciones familiares, por su parte, solo 27 mil hombres reportan esta misma situación.
Dentro de la PEA se pueden identificar dos grupos, las personas ocupadas, que son las que se encuentran realizando trabajo remunerado y las desocupadas, que son quienes se encuentran buscando trabajo remunerado, pero no logran encontrarlo. La amplitud de lo que se considera en la EHPM como trabajo remunerado hace parecer, en términos estadísticos, que no es un problema social del país, ya que el 93.7% de personas en la PEA se reportan como ocupadas.
Sin embargo, es diferente estar ocupado con remuneración que tener un empleo decente. El primero, no necesariamente implica tener un contrato firmado, derechos laborales, seguridad social. Para analizar las tendencias del empleo formal, la mejor aproximación son las estadísticas generadas en el informe de coyuntura que el Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) publica mensualmente. En ese informe se incluyen estadísticas del número de trabajadores registrados en las planillas por las empresas, lo que implica que sí dan cuenta de empleos que cubren, por lo menos, un contrato regido por las condiciones del código de trabajo.
Para diciembre 2019, había 875,928 personas en este sector formal. Es decir que, de las 2.9 millones personas ocupadas de la PEA, solo el 30.1% tienen condiciones de un empleo formal. Con la coyuntura de la pandemia, las previsiones son de caída de este empleo formal. El último informe del ISSS, de junio, reporta datos de empleo a abril. Y muestra que el número de trabajadores registrados en planilla ha caído de 879,372 en febrero, antes de la emergencia, a 840,079 en abril. Esto es, una caída de 39,293 empleos formales. Probablemente una parte de esos 39 mil empleos formales perdidos han transitado a la informalidad, lo que disminuiría el impacto en la estadística global. Sin embargo, implica que la calidad de la ocupación se está precarizando.
