El aborto en El Salvador se ha convertido en los últimos años en el tema de la discordia, tanto entre organizaciones civiles, como entre partidos políticos. La última en poner el tema en la palestra pública fue la diputada por el FMLN, Lorena Peña, quien pidió la despenalización del aborto cuando la vida de las mujeres está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Peña presentó el pasado 11 de octubre una pieza de correspondencia en la que pide una reforma al artículo 133 del Código Penal, puesto que considera que en ese apartado se evidencia la omisión legislativa “para solventar desde la tipicidad penal los conflictos que suscitan entre la salud y la vida de las mujeres cuando han quedado embarazadas por hechos de violencia, o en situación de graves riesgos a su vida”.
En El Salvador desde 1998 el aborto es penalizado en todas sus formas. Antes de ese año eran permitido tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.
La diputada, que también es la presidenta de la Asamblea Legislativa, señaló que la propuesta de reforma es porque “no es posible permitir graves discriminación hacia las mujeres”. Peña señala en la pieza presentada al pleno, que la reforma debe hacerse para armonizar el Código Penal con la Ley Especial Integral Para Una Vida Libre De Violencia Para Las Mujeres en la que se prohíbe todo tipo de violencia hacia las mujeres.
Además la ampara en la Ley de Igualdad, Equidad y erradicación de la Discriminación contra las Mujeres ya que en esta se establece el compromiso del Estado para erradicar toda ley o práctica que discrimine a las mujeres y no les permite el pleno goce de sus derechos humanos y ordena la adecuación legislativa. Ambas leyes en las que se ampara Peña fueron establecidas en 2011.
La propuesta de Peña arrancó aplausos y el apoyo de las organizaciones que abogan por la despenalización del aborto, pero caldeó los ánimos de las instituciones pro-vida y de diputados de derecha que se oponen en absoluto al aborto.
La PNC recibió 2,644 denuncias por delitos sexuales, solo en el período de enero a agosto de 2016, alrededor de 11 denuncias cada día. Del total, 2065 fueron en contra de niñas y niños menores de 17 años.
Por ejemplo, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Eugenésico y Terapéutico, ha mostrado el total apoyo para Peña ante su propuesta, han celebrado la iniciativa y lo catalogan como “el primer paso” para la libertad de los derechos sexuales de las mujeres salvadoreñas.
Para la organización, la prohibición absoluta del aborto constituye una violación sistemática a los derechos humanos las niñas, adolescentes y mujeres poniendo en riesgo innecesario su salud y su vida.
Asimismo la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, conformada por 30 organizaciones, han mostrado su respaldo a la propuesta e hicieron un llamado “a las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios a informarse sobre las causas y circunstancias que llevan a las mujeres y al personal médico a optar por la realización de un aborto. De esta forma podrán comprenderlas y legislar de forma informada y apegada a la realidad”.
El aborto, “una cortina de humo”
Por otro lado, el tema del aborto también fue sonado en El Salvador en julio pasado, cuando el diputado de ARENA, Gerardo Velásquez Parker, presentó ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia en la cual solicitó elevar las penas carcelarias por aborto entre los 30 a 50 años, actualmente la ley estipula de dos a ocho años de prisión.
El representante del partido de oposición expuso que la propuesta es para homologar el Código Penal con el primer artículo de la Constitución de la República en el que se reconoce como persona humana a “todo ser humano desde el instante de la concepción”.
Velásquez Parker reaccionó ante la propuesta de Peña y la calificó de ser “una cortina de humo”, una maniobra del partido de izquierda para distraer a la población de otros temas de interés nacional como el presupuesto general de la nación, el descontento de diversos sectores reflejados en marchas para pedir que garanticen sus derechos, entre otras cosas.
“Me parece que la táctica no hay intención de abordar los temas prioritarios, sino que está intentando movilizar el morbo mediático, hacia un tema perdedor para ella, pero que a ella no le interesa ganarlo, porque ella no está a favor de los derechos de las mujeres, ni de proteger a víctimas de abuso, sino que está interesada en desviar la atención de la población en un momento crítico para el FMLN”, dijo el diputado de ARENA.
En 2015, según UNFPA, hubo 83,468 mujeres embarazadas; del total, 25,132 eran adolescentes de entre 10 y 19 años
Por su parte, la Fundación Sí a la Vida, a través de sus redes sociales ha mostrado el descontento por la propuesta de Peña y han solicitado a los legisladores que fijen una postura en contra del aborto en El Salvador.
Mientras las organizaciones, tanto a favor o en contra del aborto hacen sus luchas para defender sus posturas, en El Salvador existen mujeres que han sido criminalizadas por un aborto espontáneo, juzgadas por esa causa, y condenadas por homicidio agravado con penas de 30 hasta 40 años de prisión.
Para la abogada y representante del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, Catalina Martínez, es urgente que se revise la legislación salvadoreña, puesto que las restricciones y vacíos legales están condenando a mujeres a la cárcel por complicaciones obstétricas.
Ejemplo de ello, según las organizaciones, son Mirna, Guadalupe, Carmelina, Arely, María Teresa y Santos, seis mujeres que han quedado en libertad después de que en 2014 la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto lanzara la campaña “una flor para las 17”.
La campaña abogaba en primer momento por la libertad de 17 mujeres y pedían el indulto para ellas; sin embargo ahora llamada las 17 y más, tiene el mismo objetivo: abogar por la libertad de mujeres que han sido condenas por aborto, pero investigaciones de le entidad arrojaron que en realidad ellas habían sufrido complicaciones obstétricas que derivaron en la pérdida del feto.
Para la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, el tema del aborto es “una cuestión de educación y de derecho”. De derecho, porque se debe revisar la ley para no comprometer a los médicos que determinen que por salud de las mujeres debe realizarse un aborto y también para no condenar a las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo.
De educación, señaló Rodríguez, porque es necesario que exista una propuesta” integral de educación que incorpore la salud sexual y reproductiva en todos los niveles educativos”, con el fin de transformar la realidad de las niñas y las mujeres en El Salvador.
La criminalización del aborto no es para todas, según el estudio “Del Hospital a la Cárcel”, presentado en 2013, constató que las mujeres que sufren la criminalización del aborto tienen las características de ser menores de 25 años, viven en zonas rurales, están condición de pobreza, no tienen ingresos económicos fijos y tienen bajo nivel educativo. La mayoría de los casos que han sido judicializados han sido denunciados desde los hospitales públicos.
