La reciente actuación de la Sala de lo Constitucional sobre el Sitamss pone de manifiesto una carencia comúnmente señalada a ese colegiado: falta de dimensión del contexto país; se percibe en sus actuaciones ““tanto jurídicas como en sus posturas públicas”“ una cargada tendencia política, económica y social, así como un marcado subjetivismo, impropio y nocivo en el rol jurisdiccional.
Muchos son los golpes infringidos a importantes proyectos de gobierno que se han visto afectados a partir del corte del financiamiento por sentencias de esta Sala, que en el tiempo coincide con los propósitos de la derecha partidaria representada en Arena, empeñada en el debilitamiento de los mismos planes y programas, aplicando un boicot sistemático a todo esfuerzo gubernamental por el desarrollo en beneficio de la población; las coincidencias abundan.
El problema nacional del transporte colectivo de pasajeros, así como el grave rebalse del sistema vehicular privado y de transporte de carga, no son temas nuevos; el país terminó el año anterior con una carga vehicular de más de un millón de automotores con una acelerada tendencia al incremento desproporcionado, en relación a las limitadas capacidades de nuestra red vial y graves efectos en la vida, salud y convivencia.
Estos medios de transporte están concentrados en más de un 60 % en la región metropolitana que comprende los departamentos de San Salvador y La Libertad, ya que en este mismo espacio se ha centrado históricamente la actividad productiva, comercial y gubernamental; produciendo gran migración del interior del país en la búsqueda de oportunidades. Este fenómeno social ha complicado la función gubernamental de asegurar el acceso a la vivienda digna, el agua potable, el empleo mismo y, por supuesto entre otros, el transporte colectivo; tensionando la capacidad de la red vial de comunicaciones.
En las últimas décadas el problema se agudizó en muchos territorios con la herencia de la inseguridad de otras administraciones y sobre la que este gobierno trabaja incansablemente; sin embargo, la falta de confianza y satisfacción en el transporte colectivo también incrementó ante las precarias y pésimas condiciones y maltrato que reciben los usuarios de muchos operarios del transporte tradicional, haciendo que un buen segmento de la población de clase media y popular se asegure a toda costa su propio vehículo, sacrificando otras necesidades.
Por décadas el viejo sistema del transporte de pasajeros fue instrumento del clientelismo político electoral de las élites conservadoras, que hicieron de su control, chantaje y prebendas subsidiarias, un recurso de incidencia política y electoral, moviendo votantes a conveniencia de los patrocinadores. Esta relación y función, acomodó a muchos empresarios, sin recibir mayores exigencias de invertir en la calidad del servicio. Desde la instauración de la modalidad del voto residencial los transportistas y sus operadores perdieron significativamente ese peso político y algunos empresarios visionarios emprendieron la ruta de la modernización del servicio para servir mejor a usuarios cada vez más exigentes.
El Sitramss, por su naturaleza, garantiza la seguridad, rapidez, eficiencia y confort; convirtiéndose en la materialización digna de la esperanza para los usuarios del transporte colectivo. Otras administraciones del pasado, prometieron y nunca cumplieron con este propósito hasta que por fin un programa de modernización del transporte público de pasajeros demostró que es posible proveer un buen servicio a precios accesibles.
Nuestro país hoy cuenta con un plan realizable, tenemos en el horizonte inmediato la construcción en el municipio de Ilopango de la nueva Terminal de Oriente para este mismo año, lo que extenderá el recorrido del Sitramss hasta esa nueva terminal, ampliando el beneficio a una mayor cantidad de población y permitiendo sacar del Bulevar del Ejército a cerca de 800 buses departamentales, para descongestionar significativamente esa ruta. Es importante agregar la próxima extensión del Sitramss hasta la ciudad de Santa Tecla, con proyección a futuro a la zona de Lourdes; así como la futura interconexión del municipio de Apopa con la capital.
En esta ruta de modernización del espacio y transporte urbano, está prevista la construcción de la Central de Abastos, obra que vendría a sustituir a La Tiendona y que estará ubicada entre los municipios de Nejapa y Quezaltepeque, muy próxima al eje estratégico vial de la Carretera de Oro; facilitando el flujo comercial y vehicular, lo que también descongestionará el transporte urbano en el gran San Salvador, aportando seguridad y condiciones dignas para nuestros productores, comercializadores y compradores. Este proyecto está en manos del Gabinete Económico y del Ministerio de Agricultura.
Para desarrollar todas las acciones que conforman la política de este gobierno es fundamental garantizar un carril exclusivo, situación común en cualquier ciudad del mundo y médula espinal del Sitramss como moderno modelo de transporte. El retraso en el fallo definitivo en un proceso que lleva casi dos años en trámite ha sido precisamente porque no existe la inconstitucionalidad alegada por los demandantes, con clara pertenencia al partido Arena, que únicamente buscan su propio beneficio. No se vale la benevolencia de la Sala con el demandante y su grupo político, ni que sean los usuarios quienes paguen sus exabruptos contra el gobierno. La revocatoria de la medida cautelar es apremiante.
