Desde Ginebra, Juan Gasparini.
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, reafirmó «su compromiso con la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente». Y definió como «autoridades de ocupación», a «los órganos y funcionarios de Moscú» que han «ocupado temporalmente» a «la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol y ciertas zonas de las provincias ucranianas de Khersón, Zaporizhzia, Donetsk y Luhansk».
Guterres también informó que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, «transmitió una nota verbal a la Federación de Rusia en la que solicitaba su cooperación para llevar a cabo una misión en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente … pero hasta la fecha no se ha podido encontrar manera de acceder». El periodo investigado por ambos altos cargos de Naciones Unidas ha sido entre 1 de julio al 31 de diciembre 2024
La ONU denunció «que se ha vuelto casi imposible vivir en esos territorios ocupados sin disponer de la ciudadanía rusa …» con dificultades para «acceder a asistencia médica, cobrar un salario, comprar y vender propiedades, pagar la electricidad y contratar un seguro de automóvil. Los residentes que deseaban conservar su ciudadanía actual y no habían prestado juramento de ciudadanía rusa fueron declarados extranjeros con residencia permanente». Desde el 1 de enero del 2025, «los extranjeros y apátridas no podían cobrar una pensión», incluso privándolos «de pagos y garantías sociales, incluida la atención medica gratuita».
Al igual que «el derecho internacional humanitario prohibe que la potencia ocupante traslade a parte de su propia población civil al territorio que ocupa«, también prohibe forzar «a las personas protegidas servir en sus fuerzas armadas, prohibiendo asimismo toda presión o propaganda tendiente a conseguir alistamientos voluntarios». Al respecto, «el Ministerio de Educación ruso, dispuso de una asignatura obligatoria en octavo curso (13 a 14 años) denominada «Fundamentos de la seguridad y defensa de la patria», incluyendo «adiestramiento militar».
Al tiempo, «las autoridades de ocupación rusa ofrecen incentivos económicos adicionales a los residentes de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente. Ademas de un pago único de 400.000 rublos (aproximadamente 3.500 dólares) a todos los ciudadanos rusos y extranjeros que reunieran ciertos requisitos y firmaran un contrato con las fuerzas armadas rusas. Ofrecían 400.000 rublos más en el caso de los residentes de Sebastopol y 500.000 rublos adicionales (aproximadamente 4.400 dólares) por alistarse en las fuerzas armadas rusas».
La prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, la ONU ha documentado 37 casos de civiles puestos en libertad que fueron torturados en cautiverio mediante palizas, patadas, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, amenazas de violencia y humillaciones. Otros 96 casos (85 hombres y 11 mujeres), «proporcionaron relatos detallados y coherentes», añadiendo «asfixia, posturas forzadas prolongadas, ejercicio excesivo forzado, privación del sueño, simulacros de ejecución, amenazas de violencia y humillación».
«El acceso a observadores independientes a menudo no se aplicaban o eran ineficaces en los casos bajo control de distintas entidades estatales, como el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, y el Comité de Investigación. Los prisioneros de guerra contaron que, en unos pocos casos en que unos inspectores visitaron lugares de internamiento, la tortura cesó temporalmente y las condiciones mejoraron, lo que sugiere que los funcionarios encargados de los centros podía detener la tortura en casos necesarios».
Las autoridades rusas han «procesado a personas por haber ejercido su legitimo derecho a las libertades de religión, expresión y opinión» en los territorios ucranianos ocupados temporalmente por exhibir símbolos ucranianos, criticar a las fuerzas armadas rusas o expresar opiniones discrepantes… Siguieron imponiendo multas a residentes por publicar en los medios sociales contenidos relacionados con Ucrania, como imágenes del escudo o canciones ucranianas».
En Crimea, «224 personas (135 mujeres y 89 hombres) fueron inculpados por desacreditar a las fuerzas armadas rusas. Algunos de los motivos por los que sancionó a los residentes en Crimea fueron: referirse a la invasión en gran escala de Ucrania por parte de Rusia como un ataque, un acto de agresión o una guerra, en lugar de una «operación militar especial», y pedir el fin de la guerra, criticar las actividades rusas o al presidente, o aludir al sufrimiento de los civiles o a la ocupación de Crimea en publicaciones en medios sociales y comentarios en reacción al contenido de otros usuarios o en declaraciones orales formuladas en lugares públicos».
«Rusia inició procedimientos contra el periódico tártaro «Qirim» de Crimea (que significa Crimea). Tras 2 condenas por desacreditar a las fuerzas armadas rusas, un tribunal establecido por Rusia en Simferópol multó al periódico por el equivalente a 2.197 dólares por difundir información no fiable con impacto social después que se hiciera referencia al informe del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Crimea en 2023».
Los ataques al derecho a la privacidad, a los abogados y representantes de la sociedad civil han hecho «casi imposible encontrar representación legal independiente y competente en estos territorios ucranianos ocupados temporalmente por Rusia. Los abogados se han negado a aceptar casos de personas sospechosas de criticar la ocupación de Rusia o de ayudar a las fuerzas armadas ucranianas por temor a convertirse ellos mismos en blancos de presiones, intimidación, acoso y represalias».
Peor aún, «los abogados rusos con sede en Rusia también se han negado a aceptar casos de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, teniendo por su seguridad o, por el contrario, para no dar la impresión de que aprueban la ocupación de territorios ucranianos por parte de Rusia. La intimidación a abogados por el ejercicio legítimo de una actividad profesional no solo socava la integridad de la profesión jurídica, sino también el derecho a un juicio imparcial».
Entre tanto, las autoridades de ocupación de Rusia «en determinadas zonas de las provincias de Khersón, Zaporizhzia, Donetsk y Luhansk, continuaron confiscando propiedades residenciales «no utilizadas», en virtud de leyes aprobadas en 2023 y 2024. El Departamento de Vivienda de Mariupol, ocupado temporalmente por Rusia, publicó una lista de 345 apartamentos del distrito de Ordzhonikidze que figuraban como aparentemente «abandonados». Para reivindicar la titularidad de bienes, los propietarios deben presentar pasaporte ruso, impidiéndole a los ucranianos que no tiene ciudadanía rusa hacer estas gestiones».
«Las autoridades de ocupación rusas han expresado públicamente su intención de aprovechar esos bienes «no utilizados» para alojar a los especialistas procedentes de Rusia, entre ellos funcionarios y agentes del orden, personal militar y a personas procedentes de partes de la Federación de Rusia como Chechenia. Un tribunal de Sebastopol despojó de su propiedad a un residente local que tenía ciudadanía ucraniana por carecer de ciudadanos rusa».
En total, en 2024, el Consejo de Estado de la República de Crimea confisco bienes inmuebles pertenecientes a 560 personas físicas y jurídicas en Crimea y a 135 personas jurídicas de la ciudad de Sebastopol, ademas de 2.600 propiedades confiscadas anteriormente. El Alcalde de la ciudad, nombrado por las autoridades de ocupación, anunció que 549 militares rusos habían recibido parcelas. En el resto de Crimea, a finales de 2024, se habían reasignado 4.400 parcelas, y después de mayo de 2024, la reasignación de parcelas aumentó un 248%».
«Rusia exige que los ciudadanos ucranianos entren en el territorio que controla, incluidos los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, sea por un paso fronterizo en la provincia de Pskov, o del aeropuerto de Sheremetyevo de Moscú, donde son sometidos a interrogatorios e inspecciones, incluso de sus teléfonos. Varias personas declararon a la ONU que no viajarían a los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, por temor a ser detenidas, por tener o dar la impresión de tener opiniones pro-ucranianas o vínculos con personas al servicio de Ucrania».
Desde el 2023, la Corte Penal Internacional (CPI), ha lanzado pedidos de captura contra el presidente Vladimir Putin, y otros funcionarios, acusados de crímenes de guerra, deportación y traslado ilegal de unos 15 mil niños de Ucrania a Rusia. Ahora el Secretario General de la ONU, pide a Rusia «información completa sobre esos niños, incluidos los que se encuentran al cuidado de una institución o de una familia rusa, a que se abstenga de realizar cualquier cambio de su estatuto personal, por ejemplo la nacionalidad, y a que se facilite su reunificación familiar. António Guterres exhortó a Rusia a que suprima el procedimiento simplificado por el que los tutores pueden solicitar la ciudadanía rusa en nombre de niños ucranianos».
