El Comité para la Discriminación Racial de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes nombrados por los Estados que han ratificado la Convención Internacional en la materia, instó a El Salvador para que adopte una batería de medidas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, y “el reconocimiento” constitucional “de la existencia de la población afrodescendiente”, revela un documento de recomendaciones publicado este jueves en Ginebra.
La ONU le da un año a El Salvador para que le informe de lo realizado en cuanto a “garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la participación y la consulta previa, libre e informada sobre los desarrollos legislativos de sus derechos”, mediante la “ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” que así lo consagra.
También en el plazo de un año, El Salvador deberá informar a la ONU de la adopción “de manera expedita la reforma constitucional para el reconocimiento de la existencia de la población afrodescendiente”, a su vez “desarrollar iniciativas de protección de sus derechos”¦ con participación de sus comunidades y organizaciones”, junto a “establecer una entidad pública para la protección y promoción de sus derechos”.
A efectos de revertir la “limitada tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente”, los expertos alientan a “continuar esfuerzos “¦ en la entrega de títulos de propiedad individual y colectiva”, a “garantizar la protección jurídica de las tierras”, el acceso al agua, acompañado por “políticas frente a la crisis climática”, y el otorgamiento de “protección” ante “los ataques de las pandillas”.
Respecto a los derechos culturales de la población autóctona la ONU reclama a El Salvador una “revitalización” de las lenguas originarias, especialmente el Náhuat-Pipil, el Pisbi del Pueblo Kakawira y Potón del Pueblo Lenca, “independiente de su nivel de uso, incluyendo la celebración de un día nacional de todos los idiomas indígenas”.
En tal contexto, los expertos añaden que El Salvador debería “adoptar las salvaguardias necesarias para que la artesanía indígena y sus conocimientos tradicionales esté debidamente protegidos y que su uso sea sujeto a consulta con los pueblos indígenas y a una repartición equitativa de los beneficios, tomando en cuenta el artículo 8 (j) del Convenio sobre Diversidad Biológica”.
Al Comité le preocupa además “la falta de normativa y medidas especiales para las mujeres indígenas y afrodescendientes”, objeto de discriminación racial. Los expertos esperan que El Salvador las incorpore “en una perspectiva de genero en todas las políticas y estrategias”, concretamente en el “acceso a educación, empleo, salud, toando en cuenta las diferencias culturales”, y en “reconsiderar la legislación sobre el aborto”, conforme con otros estándares internacionales, “como el derecho a la vida y el derecho a la salud física y mental de las mujeres”.
Ante la decisión de la Corte Suprema de El Salvador de 2016 “que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y ordenó la investigación de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado conflicto interno”, la ONU se dice preocupada “por la falta de información detallada sobre la reparación efectiva a las víctimas, en particular indígenas y en los casos de las masacres de Las Hojas y del Mozote”
La ONU vería con buenos ojos que El Salvador ratifique la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, al igual que las Convenciones de Naciones Unidas para Reducir los casos de Apátrida y para la Protección de Todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo el Protocolo Facultativo de la Convención contra a Tortura, que habilita a las víctimas que hayan agotado las instancias nacionales, recurrir a la ONU para obtener resarcimiento.
