spot_img
spot_img
domingo, 09 de mayo del 2021

“El Salvador no es escenario para la minerí­a”

El CIADI está próximo a resolver una demanda en contra del Estado por una empresa minera que asegura que le negaron los permisos de explotación

spot_imgspot_img

La contaminación de la tierra, amenazas a la salud humana y animal, el uso excesivo y contaminación del agua son la herencia, según organizaciones ambientales, que la minerí­a metálica dejarí­a en El Salvador de llegar a ser permitida. Saúl Baños, abogado y parte de la Mesa Frente a la Minerí­a Metálica, asegura que por la vulnerabilidad del paí­s “El Salvador no es escenario para la minerí­a”.

Baños señaló que, debido a las consecuencias negativas de la minerí­a, la lucha de los ambientalistas se dirige hacia que el Estado salvadoreño cree un instrumento legal que prohí­ba definitivamente la actividad minera, pues lo único que existes es una moratoria.

Un ejemplo claro de la negatividad de la minerí­a, según organizaciones ambientalistas, es la contaminación del rí­o San Sebastián en La Unión. El color y la calidad del agua del rí­o cambiaron a causa del drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Gruop, esta compañí­a estadounidense abandonó la zona, según la Mesa, en 1980 debido al conflicto armado que vivió El Salvador durante doce años.

En 2012 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizó pruebas en el Rí­o San Sebastián y los resultados arrojaron que las aguas están contaminadas por cianuro, hierro y otras sustancias.

El nivel más alto de cianuro encontrado en la descarga de agua fue de 0,450 miligramos por litros, según la Norma Salvadoreña Obligatoria de Agua para Consumo Humano el lí­mite máximo de ese elemento es 0,05 miligramos por litro, es decir que las cantidades detectadas superan nueve veces dicha cantidad.

El cianuro, sustancia utilizada en el pasado en el proceso de explotación minera, es altamente tóxico para el ser humano y limita el desarrollo de la vida acuática. Otro de los hallazgos del MARN fue las altas concentraciones de hierro, el valor encontrado más alto es de 393,4 miligramos por litro, según la norma el lí­mite máximo  es de 0,3 miligramos por litro. Esto significa que superaba, para ese entonces, más de mil veces el valor permitido.

Es por esas razones de vulnerabilidad y afectaciones que según Baños se está “empujando la ley de prohibición de minerí­a metálica, y es necesario hacer un llamado a los tres órganos del Estado para que trabajen en negar la minerí­a (“¦) a la comisión de medio ambiente y cambio climático a la Asamblea solicitarle que estudien la ley que se ha presentado”, dijo.  En 2013 organizaciones ambientalistas presentaron la propuesta de la Ley Especial de Prohibición de la Minerí­a Metálica en El Salvador.

Activistas ambientales aseguran que si existiera una normativa que prohí­ba la minerí­a metálica no solo protegerí­a al medio ambiente y a la población, sino también la economí­a del Estado, esto último debido al gasto millonario que ha tenido en costos de defensa legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)  por  una demanda interpuesta por la empresa minera Oceana Gold- ahora Pacific Rim-por haberle negado, según la trasnacional, los permisos  para realizar la explotación de la Mina el Dorado, ubicada en Cabañas.  

El Salvador a la espera de resolución del CIADI

Actualmente El Salvador está a la espera de conocer la resolución del CIADI) en la que se establecerá si el paí­s debe pagar o no los 250 millones de dólares que la empresa minera exige. La demanda  fue interpuesta en 2009. En 2002, la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos,  pero ya recibió la autorización para realizar la explotación.

“Esta demanda es injusta”, dijo Andres Mckinley, representare de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y señaló que los costos a los que El salvador ha incurrido durante estos siete años para defenderse son excesivos y que ese dinero pudo haberse invertido en  “salud, educación, seguridad, producción alimentaria”. Hasta ahora el Estado ha invertido cerca de 12 millones de dólares en la defensa.

La UCA junto a ADES y la International Allies Against Mining in El Salvador consideraron de “excesiva y abusiva” la demanda derivada de la negación  del permiso de la Unidad de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economí­a para la explotación de oro y plata en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas.

En 2012 el CIADI resolvió que  Pacific Rim/Oceana Gold no podí­a ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio  entre Centro América, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) para continuar con la demanda. Sin embargo el proceso legal sí­ pudo continuar porque la empresa minera se amparó en  el Capí­tulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.

Saúl Baños, de FESPAD, explicó el caso está en la recta final y solo están a la espera del Laudo del CIADI, el cual esperan que sea de beneficio para El Salvador.  “La resolución “de ser positiva para el paí­s) sentarí­a precedentes para que otras empresas que tengan pensado venir y explotar el suelo salvadoreño lo piensen”, señaló.

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas,  también ha expresado su preocupación ante la resolución que pueda emitir el CIADI y expuso que espera que "no vaya a ser de condena para nuestro paí­s (“¦) si ganan ellos el litigio, seguramente se les va a autorizar la explotación de la mina El Dorado y esto contaminarí­a los mantos acuí­feros con cianuro y ciertamente es preocupante", dijo.

Por su parte, durante su participación en el Segundo Congreso Internacional de Minerí­a en Managua, Nicaragua, Darren Klinck, vicepresidente de Oceana Gold, señaló que si bien están a la espera de la resolución del CIADI, están dispuestos a establecer un diálogo con El Salvador que les permita la explotación.

Klinck dijo que como empresa han sido claros, desde que adquirieron a Pacific Rim en 2013 y heredaron el arbitraje, que su objetivo  es”abrir un diálogo constructivo”.

Por ahora, ni los representantes de la empresa minera, ni los del Estado salvadoreño han recibido notificación alguna por parte del CIADI, misma que estaba prevista para las primeras semanas de agosto.

spot_imgspot_img

También te puede interesar

spot_img

Últimas noticias