El Salvador enfrenta una creciente polémica por la idea de políticos conservadores de crear grupos de autodefensas armados en comunidades rurales para hacer frente a violencia de las pandillas, una propuesta que el Gobierno ha rechazado tajantemente por considerarla fuera de la ley.
En el país, grupos criminales amenazan la vida de los habitantes en zonas marginales de las ciudades y en campamentos que establecen en zonas rurales, donde suelen aparecer hasta uniformados y con armas de guerra.
En zonas rurales y costeras de los departamentos de La Paz y de Usulután, grupos de jóvenes, ex guerrilleros y soldados de la última guerra civil (1980-1992) se han organizado en patrullas para vigilar a sus comunidades y protegerlas de las pandillas.
Los grupos civiles armados exhiben armas viejas, palos con clavos y tirapiedras. Algunos visten ropa negra o están camuflados como militares y policías, con sus rostros siempre cubiertos con pasamontañas.
Sin embargo, algunos tienen comunicación con la policía y militares que están designados en lugares apartados y que tampoco dan abasto en la contención de las pandillas, que actúan por medio de agrupaciones de hasta 15 y 20 integrantes armados.
Se calcula que las maras tienen hasta 70 mil integrantes en El Salvador, entre ellos menores de edad, y su actividad principal son las extorsiones y la venta de drogas. Quienes se niegan a pagar las extorsiones la mayoría de las veces son asesinados. El dinero lo invierten en darle sustento a sus líderes encarcelados y a la compra de armas.
El presidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, ha sido uno de los principales políticos que ha promovido desde abril la necesidad de crear grupos armados de autodefensa en las comunidades rurales. Incluso ha admitido que ha dado dinero propio a líderes de comunidades rurales para que compren armas, las legalicen y se organicen como autodefensas.
El vocero de la Presidencia salvadoreña, Eugenio Chicas, se enfrentó a Gallegos y le manifestó que sus propuestas son "meramente electorales", debido a la cercanía de los comicios para diputados y alcaldes de 2018.
"Más allá del interés electoral que pueden tener algunos políticos, esto debe discutirse públicamente, pero debe quedar claro que en el país no está permitido que se armen estos grupos", recalcó Chicas. "Entregar armas a la población lo que genera es que se multiplique el número de víctimas", afirmó.
Además de considerar que los civiles no tienen el conocimiento para portar armas en tareas de defensa, afirmó que "la ley no faculta a civiles para intervenir armados en funciones de seguridad pública, ya que es una tarea de la policía".
En El Salvador están frescos los recuerdos de los grupos de defensa civil, vinculados a las Fuerzas Armadas, que operaban como escuadrones de la muerte y sirvieron para reprimir a los movimientos opositores. Grupos como la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) fueron proscritos tras la guerra civil.
Muchos políticos de derecha, como el diputado Norman Quijano, de la mayor fuerza opositora, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), también hablan de los grupos civiles armados como "estratagemas" del gobierno izquierdista del presidente Salvador Sánchez Cerén para formar estructuras similares a las milicias civiles creadas en Cuba y Venezuela.
"La lógica dice que entre más armas haya en las calles, mayor va a ser la violencia. Hay que recordar el 80 por ciento de los homicidios y de las lesiones se hacen con armas de fuego", explicó el sacerdote jesuita José María Tojeira, director del Instituto de Derecho Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), Howard Cotto, también rechazó tajantemente la creación de grupos de civiles armados para la autodefensa. "Los grupos de autodefensa pueden convertirse en estructuras del sicariato o asesinos a sueldo", expresó.
Cotto ha advertido que quien tome la ley por sus propias manos será perseguido y penado por las leyes vigentes.
En el país ya hay evidencia de la existencia de grupos ilegales de exterminio. El mes pasado se inició el proceso contra un grupo de ex policías y ex soldados por el homicidio y torturas de tres jóvenes.
En El Salvador se calcula que las pandillas violentas conocidas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (B-18) tienen entre 30 mil y 70 mil miembros activos. Gran parte de los líderes están presos, pero desde las cárceles ordenaban crímenes y extorsiones.
Washington ha declarado oficialmente asociación criminal internacional a la MS-13 y persigue a sus miembros en las diferentes ciudades de Estados Unidos, donde se fundaron estas pandillas en la década de 1980.
